La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha implicado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el cobro de 200.000 euros por parte de un grupo empresarial peruano para que intermediara ante el presidente y varios ministros de Bolivia en un litigio que supera los 107 millones de dólares. Según los investigadores, los pagos se efectuaron mediante un contrato de asesoría que califican de ficticio, realizado con una empresa que carecía de actividad real y que sirvió únicamente para justificar las transferencias.
El caso, que se tramita en el Juzgado Central de Instrucción de Madrid, comenzó tras detectarse, a través de inteligencia financiera, tres transferencias ingresadas en la cuenta personal de Rodríguez Zapatero entre julio de 2024 y junio de 2025. El dinero provenía formalmente de Focus Social Research, una pequeña firma peruana de marketing sin página web y sin vínculo aparente con las gestiones realizadas. Los agentes de la UDEF concluyeron que esta sociedad actuó como tapadera y que detrás de los pagos se encontraba el Grupo Gloria, un conglomerado industrial con sede en Lima y presencia en Bolivia, Colombia, Ecuador, Argentina y Chile.
Un conflicto judicial de larga data
El Grupo Gloria requería apoyo en Bolivia. Su filial cementera, la Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE), arrastraba desde 2011 una demanda por competencia desleal interpuesta por la Fábrica Nacional de Cementos (FANCESA), una empresa pública boliviana. Los tribunales bolivianos determinaron que SOBOCE había utilizado indebidamente acciones de FANCESA como garantía para financiar su propia expansión. Tras años de apelaciones, el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia ratificó en febrero de 2025 la condena: 107 millones de dólares a pagar a FANCESA. A esto se sumaban otras dos controversias: el impago de la compensación por la nacionalización de acciones de SOBOCE y un cargo fiscal de 12 millones de dólares.
Fue en este escenario donde, según la UDEF, Rodríguez Zapatero entró en escena.
El origen del acuerdo
Las primeras reuniones se produjeron en mayo de 2024. El 8 de ese mes, Carmen Almendras Camargo, exembajadora de Bolivia en España y asesora de la consultora Kreab Bolivia, acudió a la oficina que el expresidente mantiene en la calle Ferraz de Madrid. Al día siguiente, la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, envió a Almendras un borrador de contrato de asesoría. Dos días después, el 10 de mayo, ambas se reunieron en el hotel AC Santo Mauro de Madrid junto a otras cuatro personas.
Almendras actuó como intermediaria. La interlocutora directa del Grupo Gloria era Ana María Ospina, directora de Asuntos Corporativos del conglomerado peruano, quien negoció los términos del acuerdo y se personó en la oficina de Ferraz para la firma. El contrato, fechado el 10 de mayo de 2024, establecía honorarios de 200.000 euros en tres pagos, más 10.000 euros por día de viaje. La empresa que figuraba como cliente era Focus Social Research, no el Grupo Gloria, y su representante en el documento era un apoderado de esa sociedad peruana. La UDEF señala que Focus Social Research únicamente aparece en dos momentos de toda la operación: en la firma del contrato y en el envío de las transferencias.
Ese mismo día de la firma, Ospina facilitó a Alcázar el teléfono personal del presidente ejecutivo del Grupo Gloria, Claudio Rodríguez Huaco, con la anotación “para el presidente”, en referencia a Zapatero. Poco después, Almendras remitió a la secretaria documentación confidencial sobre los litigios de SOBOCE en Bolivia, incluyendo la condena por competencia desleal y las propuestas de conciliación que el grupo había presentado ante las autoridades bolivianas. El 28 de mayo de 2024 se celebró una videoconferencia en la que participaron Zapatero, Almendras, Ospina, el vicepresidente del Grupo Gloria, Luis Díaz Olivero, y el consejero delegado de SOBOCE, Francisco Shwortshik.
El viaje a Bolivia y las reuniones con el Gobierno
En septiembre de 2024, Rodríguez Zapatero viajó a La Paz y a Sucre. Antes de partir, Alcázar coordinó por WhatsApp con la ministra de la Presidencia boliviana, María Nela Prada, y con la jefa de Gabinete del presidente, Fabiola Salazar, las reuniones que Zapatero mantendría con el entonces presidente de Bolivia, Luis Arce, y con el ministro de Economía, Marcelo Montenegro. Ambas citas se celebraron el 15 de septiembre de 2024 en la sede del Gobierno boliviano en La Paz.
Dos días antes del viaje, Alcázar solicitó a Almendras, por indicación expresa de Zapatero, una actualización sobre “el tema SOBOCE” y las posibles vías de solución. Almendras respondió de inmediato con un documento que recogía cinco alternativas de negociación.
En la comitiva también viajaron el entonces secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, y los empresarios hermanos Domingo y Guillermo Amaro Chacón, cuyas sociedades, según otros informes de la UDEF, habrían realizado pagos a empresas vinculadas a Zapatero por más de 800.000 euros.
Gestiones durante meses
El regreso de Bolivia no supuso el fin de las gestiones. En diciembre de 2024, Zapatero coordinó una reunión entre directivos del Grupo Gloria —Díaz Olivero, Ospina y Shwortshik— y el ministro de Justicia boliviano, César Siles. En paralelo, se reunió en Madrid con el vicepresidente del conglomerado.
Tras la ratificación de la condena de 107 millones de dólares por el Tribunal Supremo boliviano, en febrero de 2025, las gestiones se aceleraron. El 4 de mayo de ese año, Zapatero habló por teléfono con el presidente Arce, cita que su secretaria coordinó con la jefa de Gabinete presidencial. Al día siguiente, Alcázar trasladó a Salazar una petición concreta:
“Me indica el Pdte. Zapatero que me enviarás el contacto del procurador y también me avisarás cuando el Presidente de Bolivia haya hablado con el procurador, para que a su vez el Pdte. Zapatero llame a este señor”
según la transcripción del mensaje recogida en el informe de la UDEF. El procurador general es la máxima autoridad boliviana en los arbitrajes internacionales de inversión, figura ante la que el Grupo Gloria había presentado formalmente su reclamación contra el Estado boliviano.
Finalmente, Alcázar informó a la jefa de Gabinete de que el ministro de Justicia ya había trasladado “las indicaciones oportunas” al procurador directamente, por lo que Zapatero consideró innecesaria su llamada.
La condena se suspende y llegan los pagos finales
El 30 de mayo de 2025, un tribunal boliviano declaró procedente el recurso de amparo presentado por SOBOCE y dejó en suspenso la sentencia que obligaba a pagar los 107 millones de dólares. Tres semanas después, los días 16 y 20 de junio de 2025, Focus Social Research ordenó dos transferencias de 50.000 euros cada una a la cuenta de Rodríguez Zapatero, con lo que se completó el abono íntegro de los 200.000 euros pactados en el contrato.
La UDEF subraya que la secuencia entre las gestiones ante las autoridades bolivianas, la resolución judicial favorable a SOBOCE y el pago del resto de los honorarios apunta a la existencia de una relación de causa y efecto. La decisión definitiva sobre la validez del amparo corresponde ahora al Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, que aún no se ha pronunciado.
Fuente: Infobae