La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) ha recomendado al próximo gobierno, liderado por Abelardo de la Espriella, realizar un ajuste fiscal equivalente a 3 puntos del PIB, priorizando recortes de gasto y una reforma tributaria estructural. En un documento titulado «La bomba de tiempo fiscal que recibe el Gobierno de Abelardo de la Espriella», la entidad advierte que las finanzas públicas colombianas enfrentarán una presión creciente en 2026, con un déficit fiscal que podría alcanzar el 7,2% del PIB y una brecha de al menos $63 billones frente al escenario oficial.
La principal discrepancia con el escenario oficial radica en la magnitud del desbalance proyectado para 2026. Mientras el gobierno de Gustavo Petro estima un déficit total de 5,3% del PIB y un déficit primario de 2,1%, Anif calcula un escenario base de 6,5% y 3,3%, respectivamente.
Al gobierno actual le quedan apenas 46 días, y el cambio de mando ya centra la atención en la transición fiscal. Según Anif, parte del ajuste se trasladará a la nueva administración, que además deberá generar consensos para sanear las cuentas públicas.
Discrepancias entre las proyecciones oficiales y las de Anif
- Crecimiento del PIB: El gobierno proyecta un 2,6% para 2026, mientras Anif estima 2,5%.
- Inflación: La cifra oficial es 6,0%, pero Anif la sitúa en 6,4% debido a presiones como el incremento del 23% en el salario mínimo y el fenómeno de El Niño.
- Ingresos y gasto: El gobierno prevé ingresos del 16,1% del PIB y gastos del 21,4%, frente al 16% y 22,4% de Anif, que además contempla un precio del petróleo Brent de USD 85,5 por barril.
Riesgos en el presupuesto y la deuda
Según Anif, el cumplimiento de las metas oficiales depende de una ejecución presupuestaria que conlleva riesgos inmediatos. Entre enero y mayo de 2026, los recursos comprometidos del Presupuesto General de la Nación (PGN) aumentaron un 18,1% nominal, y el centro de estudios advierte que, si esta tendencia continúa sin rezagar gasto, el déficit primario podría superar el 4% del PIB.
José Ignacio López, presidente de Anif, resumió el dilema con una alerta contundente:
«Si el Gobierno quiere cumplir con la desviación permitida por el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) bajo la cláusula de escape de la regla fiscal —que autoriza un déficit primario máximo de 2,1% del PIB—, se deberían rezagar al menos $63 billones, que tendrían que pagarse en 2027, heredando el problema a la nueva administración».
A esto se añade la gestión de la deuda. El Ejecutivo planea operaciones que podrían ahorrar hasta un punto del PIB en intereses, pero Anif señala que las dificultades de caja aumentan el riesgo de que esta estrategia no se concrete. De ser así, el pago de intereses pasaría del 3,2% al 4,2% del PIB, y el déficit fiscal podría escalar al 7,2% del PIB.
Anif calificó este panorama como una «disyuntiva compleja» entre asumir el costo del ajuste este año o trasladar la carga a 2027. También afirmó que «el ajuste del gasto queda abierto a la siguiente administración».
Ajuste fiscal de $53 billones
Ante la propuesta oficial de una reforma tributaria por $30,2 billones, Anif sostiene que el ajuste debe enfocarse principalmente en el gasto público. Su paquete asciende a 3 puntos del PIB ($53 billones), combinando austeridad, reforma del gasto y ajustes tributarios. Las medidas propuestas son:
- Gasto de funcionamiento: Ahorro estimado de 0,7% del PIB ($14 billones). Incluye congelar y eliminar cargos públicos, limitar el crecimiento salarial, recortar contratos de prestación de servicios y eliminar gradualmente subsidios a combustibles como Acpm y gasolina.
- Subsidios: Se plantea revisar la estructura de subsidios y focalizar el gasto social mediante cruces de bases de datos. Impacto potencial: 0,7% del PIB ($14 billones).
- Inversión: Recorte potencial de 1,4% del PIB ($27 billones). De cada $100 destinados a inversión, solo $35 corresponden a inversión productiva; se propone eliminar duplicidades, revisar programas de baja ejecución y recortar inversiones no comprometidas.
- Componente tributario: Aporte de 0,6% del PIB ($12 billones). Se propone ampliar la base tributaria de personas naturales, reducir beneficios y rentas exentas, reforzar la facturación electrónica, combatir la evasión, revisar el IVA y discutir la tributación de las pensiones más altas.
«Dada la magnitud del ajuste fiscal requerido, una vez se realicen ajustes significativos en el gasto, se debe considerar una reforma tributaria estructural enfocada en ampliar la base tributaria y reducir la evasión»
, señaló Anif. Además, instó al gobierno entrante a implementar desde este año medidas para retomar la regla fiscal y recuperar la credibilidad fiscal.
El crecimiento como pilar del ajuste
Anif advierte que un recorte de esta magnitud no se sostendría únicamente con recortes presupuestarios y mayores ingresos. La propuesta incluye reactivar la inversión y la productividad para añadir al menos un punto porcentual al crecimiento anual, lo que podría impactar positivamente en el costo de la deuda, el tipo de cambio y la calificación crediticia.
La decisión fundamental, según el análisis, consiste en elegir entre asumir ahora el costo político y económico del ajuste, o aplazarlo hacia 2027 con exigencias aún mayores. Para Anif, el margen fiscal del próximo gobierno dependerá tanto del recorte del gasto como de que la economía recupere el dinamismo.
Fuente: Infobae