La madrugada de este domingo, la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia ratificó el estado de excepción decretado por el presidente Rodrigo Paz, tras una tensa sesión que se extendió por horas. La medida surgió como respuesta a casi 50 días de bloqueos que asfixiaron al país.
La aprobación del Decreto Supremo 5636 no fue sencilla. La sesión, convocada a las 23:00 horas del sábado, estuvo marcada por fuertes cuestionamientos al procedimiento y al impacto de la declaratoria. Varios legisladores expresaron reparos, especialmente dirigidos a Edmand Lara, vicepresidente y presidente de la Asamblea, por la forma en que condujo el debate.
Lara, quien se ha definido como un opositor “constructivo” al gobierno de Paz, defendió su accionar con una declaración que generó controversia:
“Yo no estoy de acuerdo con el estado de excepción; sin embargo, estoy obligado a cumplir la ley”.
El vicepresidente recordó que la Ley 1740 de Regulación de Estados de Excepción lo obligaba a reunir a la Asamblea dentro de las 24 horas posteriores a la publicación del decreto presidencial. Además, aclaró que, como presidente de la Asamblea, no participaba en la votación.
Pasada la una de la madrugada, la correlación de fuerzas cambió cuando la bancada de Libre anunció su apoyo unánime al decreto. Poco después, APB Súmate se sumó, consolidando una mayoría parlamentaria a favor del estado de excepción. Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Lara abandonó la conducción del debate, gesto que muchos interpretaron como una señal de rechazo.
A las 02:30, la Asamblea aprobó la moción de suficiente discusión y minutos después se concretó la votación definitiva. La resolución ratificó la validez de las medidas ejecutivas y extendió la vigencia del estado de excepción declarado el 20 de junio. La sesión culminó con un minuto de silencio en memoria de las más de 20 personas fallecidas durante las semanas de crisis, víctimas de la falta de suministros en hospitales.
Tras la declaración estatal, efectivos policiales y militares retiraron los bloqueos en carreteras del oeste y centro de Bolivia. El operativo permitió reabrir rutas clave como los tramos El Alto-Oruro y Cochabamba-Oruro, mediante la remoción de escombros y barricadas instaladas desde el 6 de mayo.
El decreto presidencial prohíbe nuevos bloqueos y el uso de armas y explosivos, pero no suspende derechos constitucionales. La medida tendrá una vigencia de 90 días y busca restaurar la normalidad en un país que sufrió desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno en varias ciudades.
Fuente: Infobae