El juez Juan Carlos Peinado ha decidido enviar a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y le ha impuesto medidas cautelares severas. Entre ellas figuran la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer cada quince días ante el tribunal. La decisión fue adoptada tras la audiencia preliminar celebrada en los juzgados de Plaza de Castilla, donde la acusación popular ejercida por Hazte Oír solicitó estas restricciones.
Las mismas medidas se aplicarán a Cristina Álvarez, asesora de la Presidencia, y se mantendrán vigentes durante toda la tramitación de la causa hasta que se dicte una resolución firme. Así lo establece el auto judicial al que ha tenido acceso este medio. En la vista, las acusaciones populares reiteraron sus peticiones de cautelares, mientras que las defensas solicitaron el archivo del caso, alegando que los hechos no constituyen delito o han prescrito, especialmente en el caso de Álvarez.
El magistrado atribuye a Gómez la presunta comisión de cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Junto a ella, también enfrentan el proceso el empresario Juan Carlos Barrabés Cónsul y la propia Cristina Álvarez Rodríguez, imputados por los mismos cargos.
Los detalles del caso Cátedra TSC
Según la investigación, después de que su esposo asumiera la presidencia, Begoña Gómez impulsó la creación de la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) en la Universidad Complutense de Madrid. Se le acusa de utilizar su posición y sus contactos institucionales para captar fondos y apoyos de grandes empresas, algunas con vínculos con el sector público. Además, se investiga un presunto desvío de recursos universitarios y la apropiación de un software desarrollado en la cátedra, que habría sido incorporado a su patrimonio privado mediante el registro de marcas, dominios web y la sociedad Transforma TSC S.L.
Por su parte, Cristina Álvarez habría asistido de manera habitual a Gómez en gestiones privadas del proyecto, utilizando recursos públicos y participando en negociaciones y reuniones relacionadas con la plataforma tecnológica, actividades que no se consideran compatibles con su función pública. En cuanto a Juan Carlos Barrabés, se le investiga por su relación empresarial y la presunta obtención de contratos públicos facilitados por la intervención de Gómez.
Las defensas pidieron que la Universidad Complutense quedara fuera del proceso y que la acusación popular asumiera los costos del juicio. Sin embargo, el juez rechazó todas estas solicitudes, determinó que el caso debe ir a juicio con jurado y ordenó las medidas cautelares ahora impuestas.
Fuente: Infobae