El Tribunal de Garantías Penales de la provincia de Guayas emitió sentencia condenatoria contra seis personas vinculadas al caso Decevale por el delito de falsedad de información, según informó el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol) mediante un comunicado oficial.
Los declarados culpables son Rodolfo Kronfle, Carbo Cox, Minnie Dougherty, Oriana Rumbea, Alexandra Martínez y Marjorie Zamora, a quienes el Tribunal impuso “una pena privativa de libertad de seis años y ocho meses”.
El fallo también ordena el pago de “USD 693 millones por concepto de reparación integral a favor del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional”, monto que coincide con el perjuicio económico calculado durante la investigación.
El proceso judicial se originó a partir de denuncias presentadas en 2020 por la Superintendencia de Compañías contra Decevale S.A. y Citadel Casa de Valores por presuntas irregularidades en operaciones del mercado de valores. La investigación de la Fiscalía estableció que Decevale habría suscrito contratos con compañías registradas en Panamá no autorizadas para operar en ese mercado, y que los estados de cuenta remitidos al Isspol reportaban la tenencia de bonos que no constaban bajo su custodia.
Decevale habría celebrado un contrato de depósito con el Isspol, incumpliendo disposiciones de la Ley de Mercado de Valores y participando presuntamente como depositante, administrador y custodio de títulos negociados en mercados extranjeros no registrados en el catastro público de valores.
Durante la investigación, el 22 de junio de 2021 se ejecutaron once allanamientos en Guayaquil, Daule y Samborondón. En estos operativos se detuvo a siete personas y se incautaron equipos informáticos, dispositivos móviles y documentación relevante.
En su comunicado, el Isspol señaló que la decisión judicial “constituye un paso firme en la defensa de los recursos de la seguridad social policial” e indicó que la institución continuará “dando seguimiento permanente a las acciones legales correspondientes, en defensa de los derechos de sus asegurados y pensionistas”. (I)