El reportero Eli Martínez, especializado en nota roja en Poza Rica, estuvo junto a Luis Ángel López Valdez apenas dos horas antes de que este último fuera asesinado. Juntos cubrieron un incidente en la colonia Santa Emilia, donde agentes de la Policía Estatal intentaron impedir que los comunicadores grabaran y difundieran el aseguramiento de un taxi.
López Valdez reportó el hostigamiento a la Comisión Estatal para la Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) cerca de las 10:30 de la noche del miércoles 11 de junio. Horas más tarde, 18 balazos le arrebataron la vida en la avenida 20 de Noviembre.
Los pormenores los dio a conocer el propio Eli Martínez en una entrevista con Javier Risco en Radio Fórmula, aportando una secuencia de hechos que no había sido divulgada en los informes oficiales y que refuerza la hipótesis del hostigamiento policial como móvil del crimen.
Altercados con dos corporaciones: Municipal y Estatal
Las amenazas que llevaron a López Valdez a solicitar medidas de protección provinieron de más de una corporación y no comenzaron con él únicamente.
Hace un par de años, durante una cobertura policiaca, López Valdez y su colega Carlos Castro fueron intimidados por elementos de la Policía Municipal de Poza Rica.
Ambos reporteros acudieron a la CEAPP, que les otorgó medidas cautelares en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública. Sin embargo, Castro fue asesinado el 8 de enero de 2026 en un restaurante de la avenida 20 de Noviembre.
López Valdez corrió la misma suerte cinco meses después, en la misma avenida. Los dos habían sido amenazados por la misma corporación. Los dos contaban con protección estatal.
Aproximadamente un mes y medio antes de ser asesinado, la CEAPP contactó a Luis Ángel López Valdez para renovar sus medidas de seguridad. Acudieron a su domicilio, entregaron el documento oficial e instalaron cámaras de vigilancia en su casa. Él aceptó la renovación.
La noche del miércoles, no obstante, tuvo otro enfrentamiento, esta vez con policías estatales, quienes supuestamente impidieron que López Valdez y dos compañeros documentaran el aseguramiento de un taxi en la colonia Santa Emilia. Los periodistas reportaron el hostigamiento a la CEAPP alrededor de las 10:30 de la noche. Poco después, López Valdez fue atacado.
“No es la primera vez que perdemos a un compañero tras haber tenido discusiones o altercados con elementos policiacos”, declaró Martínez a Radio Fórmula.
Fiscalía confirma hostigamiento como línea de investigación, pero video complica el caso
La fiscal general de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, convocó una conferencia de prensa el viernes 12 de junio para informar sobre los avances en el caso. Confirmó que López Valdez presentó 18 heridas por arma de fuego y que las investigaciones indican que el ataque comenzó en un lugar distinto a donde fue hallado el cuerpo.
Las imágenes de videovigilancia —cuya filtración la propia fiscal reconoció— muestran al taxi que conducía López Valdez dando vuelta en la calle 18, seguido de la salida del comunicador huyendo del vehículo. Las cámaras también captaron a una persona no identificada que viajaba con él momentos antes del ataque. Las autoridades trabajan para identificar al acompañante mediante el análisis de la telefonía celular de la víctima.
Jiménez Aguirre precisó que el video no mostró la presencia de ningún elemento de autoridad siguiendo al taxi. La línea del hostigamiento policial no fue descartada, pero el material videográfico la debilitó. La fiscal remitió oficios a la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz y a la Policía Municipal de Poza Rica para solicitar informes sobre posibles altercados previos.
El secretario de Gobierno estatal, Ricardo Ahued Bardahuil, anunció que también se investigará la denuncia que López Valdez presentó por presunto acoso policial: “Cuando una denuncia llega a la fiscalía se ordenan medidas de protección, y habrá que revisar si existió alguna omisión o algún tema que se haya descuidado”, afirmó.
Un periodista que cubría nota roja y manejaba taxi para subsistir
López Valdez llevaba cuatro o cinco años en el periodismo. Era ingeniero en sistemas de profesión, pero su pasión era la cobertura policiaca. Eli Martínez lo conoció desde sus primeros días en la fuente y lo describió como un reportero que “día con día demostró su esfuerzo y su desempeño por esta labor”.
Para complementar sus ingresos, López Valdez trabajaba como taxista por las noches, después de su jornada periodística. La noche en que fue atacado conducía precisamente ese taxi. Martínez confirmó que nunca había tenido ningún problema en esa actividad.
“Lo hacemos más por amor a lo que hacemos. No realmente porque sea una labor bien pagada”, dijo Martínez al referirse a las condiciones económicas del periodismo en Veracruz.
El asesinato de López Valdez desencadenó una respuesta organizada entre los periodistas de la zona norte de Veracruz. El sábado, durante el sepelio del comunicador, Martínez leyó un posicionamiento conjunto firmado por reporteros de Poza Rica, Papantla, Coatzintla, Tihuatlán, Tuxpan, Tantoyuca, Álamo y Naranjos.
El texto exigió a la gobernadora Rocío Nahle garantías de seguridad e instrucciones a las corporaciones policiales para respetar el trabajo periodístico.
“Resulta inaceptable que aun portando identificaciones oficiales, gafetes de medios de comunicación y acreditaciones periodísticas, compañeros sigan siendo señalados, cuestionados o tratados como presuntos delincuentes por servidores públicos cuya obligación es garantizar el orden y proteger a la ciudadanía”, dijo Martínez en ese pronunciamiento.
CIDH y Artículo 19 exigen investigación
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH registró “con preocupación” el asesinato de López Valdez y llamó a que la investigación considere su labor como reportero. Artículo 19 pidió a las autoridades que dicten medidas de protección para la familia del periodista.
A estos casos se suma la desaparición de la reportera Roxana Berenice Guzmán, directora de Pulso Informativo del Sureste, secuestrada el 2 de junio en Nanchital por un comando armado que irrumpió en su domicilio. Su paradero continúa sin esclarecerse.
El 10 de junio, la Fiscalía General de la República atrajo el caso y el 12 de junio las autoridades veracruzanas entregaron la carpeta de investigación a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, con sede en la Ciudad de México.
Fuente: Infobae