Fuerzas Armadas destruyen infraestructura de minería ilegal y afectan economía criminal en cuatro provincias de Ecuador

Las Fuerzas Armadas realizaron distintas operaciones contra la minería ilegal en cuatro provincias de Ecuador este fin de semana.

En el cantón Ponce Enríquez, en Azuay, efectivos del Ejército ejecutaron intervenciones en el sector de Muyuyacu. Allí se inhabilitaron cuatro bocaminas y además se destruyó un campamento irregular.
Personal especializado en explosivos se encargó de la destrucción de las bocaminas, con la supervisión de delegados de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom).

En otra intervención, miembros del Ejército, en apoyo a la Arcom, realizaron operaciones en la parroquia La Avelina, en Pasaje, en la provincia de El Oro.
En esa zona se decomisaron dos clasificadoras tipo Z y tres tanques de combustible de 55 galones.
Además, maquinarias fueron destruidas en el lugar a fin de impedir la continuidad de las actividades ilícitas y afectar la economía vinculada a los grupos de delincuencia organizada.

Operativo en Imbabura y Carchi
En un tercer operativo, los militares se internaron en la zona de Mina Vieja, en Urcuquí, en la provincia de Imbabura. Ahí se localizaron infraestructura y material empleados para la explotación ilícita de recursos naturales.
En el lugar se decomisaron tres motores de luz, una motosierra, cinco bombas de aire, un taladro, un cilindro de gas, una polea eléctrica, una caneca de gasolina y 15 metros de cable eléctrico. Todo el material fue destruido en el lugar.
De esta manera, el Ejército sostuvo que se afectan las operaciones de estructuras criminales que atentan contra el medioambiente y la seguridad nacional.
Finalmente, en el sector de El Pablo, en la parroquia El Chical, perteneciente a Tulcán, se localizaron infraestructura y material destinados a la minería ilegal.
Allí se destruyeron elementos como 24 cápsulas ordinarias, 37 metros de mecha lenta, seis generadores eléctricos, 30 metros de cable de luz, un soplador de aire y otras herramientas.
La afectación a la economía de grupos delictivos asciende a $ 5.000 en este operativo. (I)

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