Silvana Velasco, jueza de la Sala Especializada Penal para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, admitió el pedido de apelación a la medida de prisión preventiva que pesa sobre el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, y otros procesados del caso Blindaje.
El 4 de junio anterior, la jueza Velasco dictó prisión preventiva para todos los procesados. Tras ello, las defensas de los implicados presentaron documentación para elevar la revisión de la medida.
En una reciente resolución, la jueza admitió el recurso de apelación de cada uno de los solicitantes y se lo concedió ante la Sala Especializada Penal para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado de la Corte de Justicia de Pichincha, de segunda instancia.
Una vez ejecutoriado dicho auto, en conformidad con la legislación, la actuaria remitirá el expediente organizado a la Sala Especializada Penal para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado.
Alcalde de Esmeraldas pide que se lo mantenga en cárcel de Cotopaxi
En un documento, este viernes, 12 de junio, el alcalde Vicko Villacís se dirigió a la jueza Velasco para anunciar que ejercerá su defensa material, en condición de profesional del derecho, sin perjuicio de la intervención de su defensa técnica de confianza.
Para ello, Villacís hizo una serie de pedidos para preparar su defensa, a fin de que no haya restricciones, ya que —para él—, en conformidad con estándares constitucionales y convenciones internacionales, constituirían “una ruptura” y “reducción del debido proceso a una dimensión formal».
Por ello, el alcalde pidió que, sin afectar las competencias institucionales, se disponga al SNAI que se abstenga de forma provisional de cualquier traslado a otro centro de privación de libertad y que se lo mantenga en la prisión de Latacunga, mientras se resuelve su situación legal.
En esa cárcel, dijo, se poseen las condiciones logísticas para el ejercicio de la defensa material por inmediación con su visita legal y una ausencia de condiciones de aislamiento que “pueden deteriorar (su) integridad psicológica, imposibilitando sostener (su) propia defensa”.
A fin de revisar las notificaciones y preparar la defensa, Villacís pidió que se disponga el acceso a un computador con internet en la cárcel de Cotopaxi. Aquello, adujo, ya sucede con otras personas privadas de la libertad que ejercen su autodefensa.
Lo que se indaga en el caso Blindaje
En esta causa judicial, la Fiscalía indaga una presunta red de lavado de activos.
Las pesquisas apuntan a una presunta estructura integrada por funcionarios públicos, exfuncionarios y particulares.
En la audiencia de formulación de cargos, celebrada entre el 3 y el 4 de junio, la Fiscalía detalló que la investigación se inició a partir de un reporte de operaciones inusuales e injustificadas emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
En la indagación se detalló una serie de actuaciones relacionadas con acciones de protección que involucraron a Petroecuador y resoluciones judiciales que posteriormente fueron dejadas sin efecto por la Corte Constitucional.
Entre los antecedentes mencionados por la Fiscalía constan pagos por más de $ 2,7 millones a una empresa y otro proceso relacionado con una reparación económica superior a $ 30 millones.
La Fiscalía profundizó en la acción de protección relacionada con extrabajadores de Petroecuador que derivó en un desembolso de $ 15 millones por parte de la empresa pública.
Según expuso, parte de esos recursos fueron distribuidos entre abogados y posteriormente transferidos a terceros que hoy forman parte de la investigación.
La Fiscalía, además, señaló que el presunto lavado de activos tendría como delitos precedentes el cohecho, el prevaricato y el perjurio. En el caso del cohecho, la hipótesis de la investigación apunta a supuestos beneficios económicos que habrían llegado a funcionarios y servidores públicos.
Con los elementos presentados por la Fiscalía, la jueza explicó que vislumbra la probabilidad de que los procesados hayan incurrido en el delito de lavado de activos.
Fuente: El Universo
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