La desconexión virtual del abogado Fernando Chávez Drouet, defensa de la empresa Fiorema S.A, obligó al juez de la Unidad Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, Jairo García, a suspender del testimonio anticipado José C., testigo protegido que presentó la denuncia con la que se inició el caso Goleada.
La recepción de la versión de este testigo, el cual fue gerente financiero de una de las empresas del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, procesado en esta causa, arrancó pasadas las 09:00 de este viernes, 12 de junio de 2026, de manera telemática.
El testimonio del ciudadano fue solicitado por el fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción Dennis Villavicencio.
Tras presentar parte de su testimonio y responder a una pregunta del fiscal del caso, la diligencia se suspendió por el abandono de la sala virtual por parte del abogado, a quien el magistrado le dio 15 minutos para que se vuelva a conectar, pero no regresó.
Ante este incidente, el magistrado sancionó a la defensa con una multa de $ 964, equivalente a dos salarios básicos. Además, el juez García ordenó oficiar a la Defensoría del Pueblo para que intervenga en la siguiente diligencia y evitar que se dilate la recepción del testimonio anticipado.
El abandono del abogado se dio en medio de una intervención por parte de agentes de la Policía Nacional a inmuebles de los procesados como parte de las medidas cautelares de incautación y prohibición de enajenar de los bienes inmuebles que estableció el juez García y que se dispuso a la Secretaría General Administrativa y de Gestión Inmobiliar.
El juez anticipó que, oportunamente, se convocará a una nueva fecha y hora, esta vez, de manera presencial.
Los abogados Ramiro García y Carlos Soria comentaron que el testigo leyó su testimonio con una computadora que estaba al frente a él y con la ayuda de una presentación, lo cual generó el reclamo del resto de defensas de los procesados.
En el denominado caso Goleada son investigados el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez Henriques, y su círculo familiar por una presunta estructura empresarial relacionada con operaciones financieras y comerciales derivadas de la comercialización irregular de combustibles que habría servido para lavar dinero.
Actualmente, en esta causa existen 28 personas naturales y jurídicas (empresas) procesadas por el delito de lavado de activos. El caso se encuentra en la fase de instrucción fiscal.
Cuando la Fiscalía reformuló cargos de delincuencia organizada por lavado de activos, el 14 de mayo pasado, repasó que este caso se inició a partir de una denuncia que señaló que un grupo de personas estaría conformando una estructura delictiva que operaría desde 2021, cometiendo, presuntamente, delitos de delincuencia organizada, lavado de activos y testaferrismo, entre otros, ocasionando un gran perjuicio al Estado ecuatoriano.
De acuerdo con la teoría fiscal, el grupo empresarial y familiar “habría adquirido grandes volúmenes de diésel subsidiado por el Estado para su centro de distribución, el que debían despachar a embarcaciones de bandera nacional. Sin embargo, lo habrían desviado a embarcaciones internacionales y con esos réditos económicos crearon empresas de papel domiciliadas en Panamá para obtener beneficios económicos indebidos, simulando obligaciones, omitiendo ingresos y aparentando gastos”.
Fuente: El Universo
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