Un documento revelado el 9 de junio de 2026 confirmó que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia ordenó abrir una investigación disciplinaria contra el presidente Gustavo Petro. El motivo es una presunta “falta gravísima” relacionada con intervención indebida en política, a partir de publicaciones en la red social X que serán sometidas a verificación técnica.
En la resolución, el despacho dispuso: “ORDENAR LA APERTURA DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA en contra del señor GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 208.079 de Cogua – Cundinamarca, en su calidad de Presidente de la República de Colombia (período constitucional 2022-2026)”.
El acto administrativo detalló el alcance preliminar de la conducta investigada “por la presunta comisión de la falta gravísima calificada provisionalmente como intervención indebida en política, según el artículo 60 (numeral 1) de la Ley 1952 de 2019”.
Como parte de las pruebas, la Comisión ordenó incorporar documentos oficiales: “INCORPORAR copia certificada de la Resolución 3235 de 2022 del Consejo Nacional Electoral, del acta de posesión del señor GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO y certificación sobre el ejercicio del cargo de Presidente de la República durante las fechas correspondientes a las publicaciones investigadas”.
El expediente también incluye un componente de evidencia digital. La resolución instruyó: “OFICIAR, a la Policía Judicial del Cuerpo Técnico de Investigación – CTI adscrita a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, para que reciba el material digital recaudado por este Despacho, consistente en las publicaciones identificadas en la red social X, junto con las capturas de pantalla, enlaces electrónicos (URL) y demás soportes documentales obtenidos dentro de la presente actuación”.
En cuanto al trabajo pericial, el documento precisó que la Policía Judicial deberá “verificar la existencia y disponibilidad de las publicaciones objeto de recaudo” y “validar técnicamente la correspondencia entre las capturas de pantalla incorporadas al expediente y el contenido efectivamente publicado en la plataforma digital”.
Además, se ordenó identificar metadatos: “identificar y documentar los datos técnicos visibles asociados a las publicaciones, tales como fecha, hora, cuenta de origen, enlace electrónico y demás elementos relevantes para su individualización”.
La resolución también exigió asegurar la cadena de custodia de la evidencia digital: “adoptar las medidas necesarias para garantizar la preservación, integridad, autenticidad y trazabilidad de la información digital recibida” y realizar el “registro de una función resumen o valor hash de los archivos obtenidos”.
Denuncia de Wilson Ruiz por participación en política
El exministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela presentó una denuncia contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión Legal de Investigación y Acusación, por una presunta intervención en política durante la campaña para la segunda vuelta presidencial. Según el escrito, esto ocurrió después de que el Consejo de Estado le ordenó abstenerse de difundir propaganda electoral.
La denuncia sostiene que la Sección Quinta del Consejo de Estado emitió esa orden el 28 de mayo de 2026, al considerar que el mandatario incumplió disposiciones de la Ley de Garantías. El documento agrega que el mensaje cuestionado fue publicado el 1 de junio en la cuenta de X del jefe de Estado.
Según el escrito, la acción penal se basa en una publicación donde Petro afirmó que asumiría personalmente la campaña del candidato presidencial Iván Cepeda. El mandatario escribió: “Aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente”.
Para Ruiz Orejuela, esa declaración podría encuadrarse en el artículo 422 del Código Penal, que tipifica la participación indebida en actividades políticas por servidores públicos. La denuncia afirma que Petro habría utilizado su investidura para favorecer electoralmente a una candidatura.
Precisión: no se pide apartar al presidente del cargo
La denuncia aclara que no busca la suspensión de Gustavo Petro ni la limitación de sus derechos políticos. El documento señala que una decisión de esa naturaleza solo podría adoptarse mediante el procedimiento constitucional correspondiente ante el Senado de la República, en caso de que las investigaciones establecieran responsabilidades.
Ese punto define el alcance inmediato de la solicitud: la apertura de una investigación penal y la recolección de pruebas sobre la publicación del 1 de junio de 2026. Conforme al escrito, cualquier eventual consecuencia distinta dependería de etapas posteriores y del trámite constitucional aplicable.
Fuente: Infobae