El comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Mauricio Salazar Machuca, ofreció este 4 de junio de 2026 disculpas públicas a los familiares de Josué, Ismael, Steven y Nehemías. El evento, realizado en el Hemiciclo de la Rotonda en el Malecón Simón Bolívar en Guayaquil, dio cumplimiento a una sentencia de la Corte Constitucional que reconoció la responsabilidad del Estado en la desaparición forzada y posterior muerte de los cuatro menores afrodescendientes.
El reconocimiento del Estado
Durante su intervención, Salazar leyó textualmente el escrito dispuesto por la Corte, admitiendo que la noche del 8 de diciembre de 2024, patrullas militares privaron de su libertad a los niños de forma “ilegal, arbitraria e ilegítima”.
Además de la desaparición, el alto mando admitió que la respuesta oficial fue “tardía, fragmentaria y contradictoria”, y que declaraciones previas del Ministerio de Defensa contribuyeron a estigmatizar a las víctimas y sus familias, reforzando prejuicios sobre la niñez pobre y afrodescendiente de Guayaquil.
El General se comprometió a que este acto no sea un “gesto simbólico vacío” y aseguró que se adoptarán protocolos específicos para la actuación con menores y formación permanente en derechos humanos.
La ceremonia inició con la llegada de los padres, recibidos con aplausos y al son del Chihualo, música tradicional afroecuatoriana para despedir a los niños. Los testimonios de los familiares -entre lágrimas y desconsuelo- reflejaron un dolor profundo, pero también una disposición al perdón. Ronny Medina, padre de Steven, describió el impacto de la tragedia como algo que marcó sus vidas para siempre.
Medina agradeció el apoyo constante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) y de los vecinos que no los abandonaron en su búsqueda. Asimismo, envió un mensaje de solidaridad a otros padres que aún no encuentran a sus hijos, pidiendo que se haga justicia para todos.
Por su parte, Luis Arroyo, padre de Ismael y Josué, destacó que su resistencia durante este año y medio ha sido posible gracias a su fe. En un gesto que conmovió a los presentes, Arroyo se dirigió directamente a los militares:
Este sentimiento fue compartido por Silvana Lajones, madre de Steven, quien afirmó: “Acepto la disculpa pública porque yo no soy Dios para juzgar”. Katy Bustos, madre de Ismael y Josué, también aceptó las disculpas e hizo un llamado a la paz y la fortaleza, citando pasajes bíblicos para sobrellevar lo que calificó como “el dolor más grande para una madre”.
Johanna Arboleda, madre de Nehemías, fue enfática al declarar que su vida permanece “incompleta”. Para ella, el acto no cierra el ciclo sin una respuesta definitiva:
Críticas a la militarización y deuda pendiente
Ana Lorena Delgadillo, relatora del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de las Naciones Unidas, enfatizó que la desaparición de los niños de las Malvinas es uno de los capítulos más dolorosos de la región, agravado por la discriminación contra la niñez afrodescendiente.
Tomando como ejemplo la experiencia de México, Delgadillo afirmó que la presencia del ejército en las calles no disminuye la violencia, pero sí aumenta las violaciones a los derechos humanos y la opacidad en la información. Instó al Estado ecuatoriano a crear estadísticas claras de desaparecidos y mecanismos de búsqueda urgente bajo el principio de “nunca sin las familias”.
Entre tanto, el Defensor del Pueblo, César Palacios, sostuvo que no hay seguridad legítima sin dignidad humana ni autoridad fuerte sin límites constitucionales. Señaló que los miembros de la fuerza pública que abusan de su poder no solo dañan a las víctimas, sino que traicionan a su propia institución.
Finalmente, subrayó que la protección de la infancia no se resuelve solo con reacciones institucionales, sino con inversión social, educación y espacios seguros en territorios históricamente abandonados.
Cierre con incidentes
Pese a la solemnidad inicial, el acto concluyó con incidentes cuando familiares de otras 51 personas desaparecidas levantaron carteles exigiendo respuestas para sus casos. La tensión escaló tras un altercado entre la seguridad del comandante y acompañantes de las víctimas, lo que provocó que el General Salazar abandonó el lugar rápidamente entre gritos de protesta que calificaban al gobierno de “asesino” y “mataniños”.
Radio Pichincha
LV