La nueva reorganización del Ejecutivo impulsada por el presidente Daniel Noboa vuelve a encender las alarmas entre los servidores públicos. Aunque el Gobierno todavía no precisó cuántos funcionarios dejarán sus cargos, la nueva fusión de ministerios involucra a 19.356 trabajadores y abre la puerta a un nuevo proceso de reducción de personal.
La medida no es inédita. En julio de 2025, el Ejecutivo redujo el número de ministerios de 20 a 14 y anunció el despido de alrededor de 5.000 servidores públicos.
Ahora, varias de esas instituciones volverán a ser reestructuradas, lo que incrementa las dudas sobre el futuro laboral de miles de empleados estatales.
Uno de los casos más representativos es el del actual Ministerio de Infraestructura y Transporte, creado tras la fusión del Ministerio de Transporte y Obras Públicas con el de Vivienda en 2025.
Antes de esa integración ambas entidades sumaban 2.330 funcionarios, ahora la cartera cuenta con 2.098 servidores.
Sin embargo, esta institución será nuevamente fusionada, esta vez con el Ministerio de Telecomunicaciones, que tiene 192 funcionarios.
Una situación similar ocurre con el Ministerio de Inclusión Económica y Social.
Tras absorber a la Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil, pasó de concentrar 11.060 funcionarios a contar actualmente con 10.882.
Ahora también integrará al Ministerio de Trabajo, que tiene 1.106 empleados, la Secretaría de Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades, con 102 funcionarios, y a la Unidad del Registro Social, con otros 107 servidores.
Consultado sobre la posibilidad de nuevos despidos, el presidente Daniel Noboa evitó confirmar una cifra y señaló que “no necesariamente se trata de despidos, sino de un recambio o de depuración, en caso de que alguien no quiera”.
Sin embargo, especialistas y dirigentes sindicales consideran que la duplicidad de cargos administrativos hará inevitable una reducción de personal.
El ajuste también se produce en medio de los compromisos asumidos por Ecuador con el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo que en varias ocasiones ha planteado la necesidad de racionalizar el gasto público y optimizar la estructura estatal.
Por ahora, el Gobierno no ha detallado cómo se ejecutará el proceso ni cuántos puestos serán eliminados. No obstante, la experiencia de la primera reestructuración y las cifras de personal involucrado hacen prever que miles de funcionarios permanecen a la expectativa de conocer si conservarán o no sus empleos.