La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, este martes 2 de junio, con siete votos afirmativos, aprobó el informe para primer debate del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que unifica más de 80 iniciativas relacionadas con esta materia. La propuesta busca dotar al Ecuador de un marco legal actualizado mediante la creación de nuevos tipos penales y la modernización de los ya existentes.
El proyecto persigue, entre otros objetivos, salvaguardar a la sociedad frente a nuevas conductas delictivas; adaptar determinados tipos penales a las actuales demandas sociales; garantizar la protección efectiva de derechos y fortalecer la persecución de delitos en entornos digitales; así como robustecer la capacidad del Estado para enfrentar delitos complejos como la pertenencia a grupos subversivos y de delincuencia organizada, la corrupción, la extorsión y la manipulación de apuestas deportivas.
Asimismo, contempla el incremento de penas en aquellos casos en que esta medida se encuentra plenamente justificada, como los delitos de extorsión y abigeato. De igual manera, incorpora disposiciones orientadas a la protección de víctimas especialmente vulnerables, mediante la despenalización del aborto en casos de violación o inseminación no consentida.
El informe concluye que la reforma al Código Orgánico Integral Penal es necesaria, pertinente y oportuna para el contexto actual del país, ya que responde a una realidad marcada por el incremento de la violencia, la expansión de nuevas formas de criminalidad, el fortalecimiento de estructuras delictivas organizadas y la creciente afectación a la seguridad ciudadana.
Además, señala que la propuesta guarda coherencia con la necesidad de dotar al Estado de herramientas jurídicas más eficaces para prevenir, investigar, juzgar y sancionar conductas que lesionan bienes jurídicos fundamentales. En este contexto, la creación de nuevos tipos penales y la adecuación de infracciones existentes permitirán cerrar vacíos normativos y enfrentar formas contemporáneas de criminalidad.
El proyecto consta de 21 artículos y una disposición derogatoria relacionada con la sección novena de los delitos contra el derecho de propiedad.
EG