La justicia estadounidense rechazó la solicitud de la firma Burford Capital para anular la decisión que revocó la sentencia inicial sobre la expropiación de YPF, lo que supone un ahorro de 13.877 millones de euros (equivalentes a 16.100 millones de dólares) para el Estado argentino.
En un comunicado oficial, la Procuración del Tesoro argentina destacó que esta resolución «constituye un nuevo respaldo a la solidez jurídica de la posición sostenida por la República Argentina durante el proceso de apelación y reafirma la sentencia favorable obtenida por nuestro país [el 27 de marzo]».
«Este resultado representa un nuevo hito para la defensa de los intereses del Estado Nacional y ratifica la importancia de sostener una política jurídica internacional basada en el rigor técnico, la coordinación institucional y la defensa soberana del interés público», agregó el organismo.
Detalles de la decisión judicial
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York desestimó el rehearing en banc solicitado por Burford Capital en el caso Petersen/Eton Park. Esta petición llegó apenas dos meses después de que el tribunal determinara que la sentencia de primera instancia había interpretado erróneamente la ley argentina, por lo que debía ser revisada.
Previamente, el pasado 19 de marzo, la Justicia ya había suspendido una orden de descubrimiento de pruebas que habría permitido a los demandantes solicitar información sobre activos embargables del Estado argentino, como sus reservas de oro.
Antecedentes del conflicto
En septiembre de 2023, la jueza de distrito Loretta Preska dictaminó que los derechos de los litigantes se vieron afectados por la nacionalización y ordenó a Argentina depositar en una cuenta segura el 51% de las acciones que posee en YPF.
Buenos Aires argumentó que Preska carecía de jurisdicción, pues esta correspondía a la Justicia argentina. Durante la fase de instrucción, dos de los tres jueces de la sala de apelaciones ya habían expresado dudas sobre la competencia de los tribunales estadounidenses en el caso.
La nacionalización de YPF
YPF fue nacionalizada en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, mediante una ley aprobada en el Congreso Nacional que permitió al Estado quedarse con el 51% de la petrolera, que hasta entonces pertenecía a la española Repsol.
La disputa llegó a los tribunales de EE.UU. cuando los fondos Burford Capital y Eton Park presentaron una demanda tras adquirir los derechos de litigio de Petersen Energía y Petersen Energía Inversora. Estas sociedades, del grupo argentino Petersen pero constituidas en España, poseían un 25% del capital social de YPF en el momento de la nacionalización. Las firmas reclamaban compensaciones por considerar que Argentina debió lanzar una OPA sobre las acciones que no pertenecían a Repsol.
Fuente: Infobae