El fiscal General del Estado encargado, Carlos Leonardo Alarcón, confirmó oficialmente que la investigación penal sobre el contrato con la empresa uruguaya Austral Technical Management (ATM) es reservada.
A través del Oficio No. FGE-DSP-2026-005021-O, del 22 de mayo de 2026, Alarcón respondió a una solicitud de información de la asambleísta independiente (exPachakutik), Carmen Tiupul.
En el documento, la Fiscalía identifica la noticia del delito bajo el código NDD: 090101826024220, por el presunto delito de peculado en el contrato suscrito entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y ATM.
Alarcón alertó que la divulgación de esta investigación previa “constituye un delito de acción penal pública”.
Esta declaración de reserva ocurre en un momento crítico.
Mientras la Fiscalía informa sobre la reserva de esta investigación previa, los hechos demuestran un perjuicio estatal, un caso parecido a los fallidos contratos eléctricos que adjudicó Celec a la empresa Progen, los cuales, y al igual que ATM, no entregan ni un solo megavatio al país.
Tal como ocurrió con Progen, en el contrato con ATM, Celec desembolsó USD 71,4 millones, el 80% de los USD 89,9 millones firmados para el desarrollo del proyecto Esmeraldas III, con el que se pretendía inyectar 91 megavatios al sistema eléctrico nacional y así combatir los posibles apagones durante el estiaje.
El contrato fue suscrito en agosto de 2024 cuando el Ministerio de Energía era liderado por Antonio Gonvalves, quien recibió el cargo de Roberto Luque, quien siguió de cerca la emergencia eléctrica con decisiones clave. Pese a ello, Goncalves fue procesado y Luque no, dentro del caso Apagón (Progen).
Un ganador sobre papel, un fiasco en la práctica
La adjudicación a Austral Technical Management no fue accidental, sino el resultado de un proceso de calificación que hoy levanta serias sospechas.
Según el acta de Calificación de Ofertas del 2 de agosto de 2024, el Comité Técnico de emergencia de Celec otorgó a ATM una puntuación casi perfecta de 97,69 puntos sobre 100 posibles.
En la competencia por la “Adquisición, instalación, puesta en marcha y asistencia en operación y mantenimiento de generadores termoeléctricos terrestres (90-150 MW)”, ATM superó con holgura a sus rivales:
- Gamma: 88 puntos.
- Rieltec: 60,91 puntos.
- Obras y Diseños del Norte: 53,73 puntos.
- Southpro: 49,52 puntos.
- Latamenergy: 45,95 puntos.
- Equitec: 43,10 puntos.
ATM obtuvo el puntaje máximo (30 puntos) en el parámetro de “Plazo de suministro”, al prometer la puesta en marcha en apenas 140 días. Sin embargo, los informes técnicos posteriores demostraron que esta oferta fue solo un espejismo.
El plazo original venció en enero de 2025, se extendió mediante prórrogas hasta abril del mismo año, y hoy, más de un año después, el proyecto sigue en un limbo operativo y jurídico.
A prueba 10 megavatios
El Gobierno de Noboa ha intentado vender como un éxito el encendido parcial de la planta. En un comunicado, Celec informó con triunfalismo -el 25 de marzo de 2026– que “generadores de ATM ya aportan con energía al Sistema Nacional Interconectado”.
No obstante, el mismo comunicado señala que de los 91 megavatios (MW) que ATM debía entregar, solo se han puesto “a prueba” 10 MW.
Para lograr este aporte mínimo, Celec tuvo que desplazar a un equipo de 60 técnicos propios para intervenir equipos que legalmente siguen bajo custodia de la contratista.
La entonces ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, admitió la precariedad de la situación al señalar que se están realizando inspecciones para ver “si hay algo que se pueda aprovechar” y si se puede armar un “Frankenstein” con los restos de los contratos fallidos.
Pues, la inviabilidad técnica del proyecto ATM proviene de sus motores.
Informes de la Contraloría General del Estado de julio de 2025, ratificados por inspecciones notariales, confirmaron que de los 48 motores entregados por la uruguaya, 30 están calibrados para funcionar a 50 hercios (Hz), mientras que el Sistema Nacional Interconectado de Ecuador opera a 60 Hz. Esta incompatibilidad hace imposible la conexión estable de la mayoría de la planta sin una inversión adicional masiva.
Equipos viejos y verificación por videollamada
El tiempo señala que hubo negligencia durante los contratos eléctricos.
Según el reporte técnico recogido por la Contraloría, los funcionarios de Celec intentaron verificar el estado de los motores en el Líbano a través de una videollamada que falló por problemas de internet. Solo pudieron observar el horómetro de un equipo empacado, sin constatar su funcionamiento real.
Posteriormente, la inspección presencial realizada por la Notaria Tercera de Esmeraldas, María Fernanda Velásquez, entre julio y agosto de 2025, describió que los equipos presentaban avanzados signos de oxidación y corrosión, expuestos a la intemperie y motores a diésel cuando el contrato exigía que operaran con Fuel Oil.
Peor aún, se descubrió que el generador GE-3-06 acumulaba 14.093 horas de operación, lo que desmiente la garantía de ATM de entregar equipos con máximo cuatro años de antigüedad. El fabricante, MAN Energy Solutions, confirmó que esos generadores pertenecieron a un contrato particular entre los años 2016 y 2017.
Luque y si gente, libres
A pesar de que los documentos oficiales sitúan a Luque en el centro de la toma de decisiones durante la emergencia eléctrica de 2024, el exministro ha logrado salir del radar de la Fiscalía en el caso Apagón (Progen) y, todo presume que pasararía lo mismo con el caso ATM.
Esto ocurre pese a que el 23 de abril de 2024, mediante la circular MEM-MEN-2024-0003-CIR, Luque ordenó que todos los procesos de contratación de emergencia fueran coordinados y revisados por José Manuel de Oliveira Allú, su coordinador jurídico de confianza.
A pesar de que la Contraloría determinó indicios de responsabilidad penal contra de Oliveira el 20 de abril de 2026, la Fiscalía liderada por Alarcón no lo incluyó en la lista de 21 procesados por el caso Progen.
En el entorno de Celec, la presión por sacar adelante estos contratos era máxima.
Audios filtrados de abril de 2025 revelan a Byron Orozco, exgerente de Termopichincha, supuestamente presionando a técnicos para que firmen informes favorables: “la directriz que va a haber es que esta huevada no puede caerse”.
El laberinto legal
La disputa entre el Estado y ATM se ha trasladado al campo legal, donde la empresa uruguaya ha tomado la ofensiva. Austral inició un arbitraje de emergencia ante la Cámara de Comercio de Quito para impedir que Celec termine unilateralmente el contrato y para suspender el cobro de multas. En agosto de 2025, un árbitro de emergencia dispuso la suspensión de cualquier intento de terminación contractual por parte del Estado.
Por su parte, el Gobierno intentó una vía de mediación que fracasó en febrero de 2026.
Según la entonces ministra Inés Manzano, se concedió a ATM un plazo hasta el 15 de febrero para poner en marcha las turbinas, requisito que la empresa volvió a incumplir.
“Presentamos la diligencia de la imposibilidad de la mediación, porque ellos no cumplieron con su parte”, afirmó Manzano el 26 de febrero de 2026.
Aunque Celec presentó una denuncia penal por presunta delincuencia organizada en diciembre de 2025, alegando la recepción de equipos “usados, incompletos e inservibles”, su propia defensa se vería socavada por las actas de entrega-recepción firmadas “a entera satisfacción” en febrero de 2025 por José María Estupiñán, administrador del contrato.
Estas actas son hoy el escudo legal de ATM para exigir el pago del 20% restante del contrato.
Radio Pichincha
LV