Los aliados del Ejecutivo incrementan sus críticas, pero ninguno está dispuesto a precipitar una moción de censura ni a forzar elecciones anticipadas. La pesquisa dirigida por el juez José Luis Calama ha revelado múltiples conversaciones, vínculos personales y flujos de dinero que señalan al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como posible líder de una red de tráfico de influencias y lavado de activos. Sin embargo, tras revisar 4.000 folios del sumario, ninguna prueba se considera letal para la continuidad de la legislatura.
Así lo perciben en Moncloa, según fuentes consultadas, donde el Gobierno mantiene una defensa firme del exmandatario. También lo transmiten los socios más leales de Pedro Sánchez en el Congreso, quienes piden “prudencia” mientras esperan las explicaciones de Zapatero en la Audiencia Nacional los próximos 17 y 18 de junio. No obstante, el desgaste entre los aliados es evidente, principalmente por el temor de que un final agónico de la legislatura perjudique a los partidos que han respaldado al Ejecutivo socialista hasta el último minuto. Por eso, todos han exigido públicamente explicaciones al Gobierno.
Este nerviosismo intenta ser aprovechado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien desde hace días insinúa impulsar una moción de censura “instrumental” a sabiendas de que no suman los números.
El líder de la oposición busca atraer al Partido Nacionalista Vasco y a Junts per Catalunya, dos formaciones que han manifestado su hartazgo por la cantidad de casos judiciales y los reiterados incumplimientos de compromisos de la legislatura, postergados por la dificultad de alcanzar mayorías. De hecho, los jeltzales calificaron esta semana de “irresponsable” alargar la legislatura más allá de 2026.
En Génova no hay prisa por forzar una votación; la estrategia es esperar que los avances judiciales hablen por sí solos y retraten a los socios del Gobierno como quienes “se comieron su corrupción”. “Toda esta corrupción les está pasando factura y se están retratando. Sus estándares éticos son incoherentes y son ellos los que están sosteniendo la corrupción de Pedro Sánchez”, declaró la portavoz popular en la Cámara Baja, Ester Muñoz.
Los socios no ven líneas rojas traspasadas
A pesar del malestar expresado, las fuentes de estos partidos consultadas aún no consideran que la causa haya superado las líneas rojas que justificarían una ruptura. Son las mismas que se marcaron con el caso Cerdán: que el Gobierno esté directamente implicado o que haya indicios de financiación irregular.
Al mismo tiempo, los socios están atados por los compromisos pendientes que dependen de la supervivencia de Sánchez. Para el partido independentista catalán, está la vuelta de Carles Puigdemont, aún no concretada pese a que la ley de amnistía fue avalada hace meses por el Tribunal Constitucional y por el Abogado General de la UE.
El PNV también depende de los socialistas en el gobierno autonómico vasco, donde intenta proyectar estabilidad y “centralidad” de cara a las elecciones municipales dentro de un año. Los jeltzales evitan participar en la dialéctica embarrada de Madrid, conscientes de que la polarización opaca su discurso territorial.
Precisamente por la cercanía de comicios, Junts es consciente del daño electoral que supondría derrocar al Gobierno con el apoyo de la ultraderecha estatal. “No está ahora mismo sobre la mesa”, señaló la presidenta de Junts en el Parlament, Mónica Sales.
El PP desiste de la moción y presiona con un adelanto electoral
Una forma de añadir presión sin moverse es solicitar un adelanto electoral. PP y Vox ya se han sumado a esta estrategia ante la imposibilidad de reunir apoyos, propuesta a la que se han unido socialistas críticos como Emiliano García-Page y Felipe González. “Lo que está pasando no lo podemos ver solamente como un hecho aislado”, ya que “llevamos ya mucho tiempo donde un escándalo tapa otro y cada vez va cogiendo más volumen”, señaló el barón castellanomanchego.
Tanto PSOE como Sumar han rechazado la idea de adelantar elecciones o convocar una moción de confianza, propuesta que, en todo caso, dependería de Pedro Sánchez, quien ya ha manifestado su intención de agotar la legislatura. La intención del Gobierno es “seguir gobernando y dialogando con todos los aliados”, muestra de que la amenaza de ruptura queda lejana.
Fuente: Infobae