La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) ha puesto sobre la mesa información desconocida hasta ahora sobre una supuesta estructura de lavado de dinero que gira en torno al empresario colombiano Alex Saab. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, esta red habría utilizado contratos de alimentos y exportaciones de petróleo en Venezuela como mecanismo para mover fondos ilícitos a través del sistema financiero norteamericano.
La investigación cobró fuerza luego de que se impusieran sanciones económicas a Venezuela en 2019. El expediente revela el alcance transnacional de las operaciones, señalando que se emplearon métodos de ocultamiento financiero para desviar recursos que originalmente estaban destinados a programas de asistencia social.
En declaraciones recientes, el administrador de la DEA, Terrance Cole, afirmó que durante años se realizó un seguimiento pormenorizado a las redes financieras vinculadas a Saab y al régimen venezolano.
El caso, que fue presentado ante un tribunal federal en Miami, detalla que después de la entrada en vigor de las sanciones de EE.UU., la red supuestamente dirigida por Saab y sus cercanos se habría expandido, aprovechando vínculos con altos cargos del Estado para acceder a contratos petroleros valorados en miles de millones de dólares pertenecientes a Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa).
Los investigadores sostienen que una parte de ese crudo se comercializaba bajo supuestas premisas falsas para mantener el financiamiento de la estructura de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) y para canalizar dinero ilegal a través de bancos estadounidenses.
La acusación describe cómo Saab y otros individuos habrían recurrido a empresas fantasma, facturación ficticia, registros de envío y documentación adulterada para ocultar el verdadero origen de los alimentos importados, principalmente desde Colombia y México, que supuestamente iban dirigidos al programa Clap. Este programa fue creado para mitigar la crisis alimentaria en comunidades vulnerables de Venezuela.
Según la DEA y el Departamento de Justicia, estas prácticas permitieron desviar “cientos de millones de dólares” de recursos asignados a políticas sociales, mientras sumas considerables eran transferidas a cuentas en Estados Unidos con el propósito de encubrir su procedencia.
La acusación en el Distrito Sur de Florida detalló que una parte significativa de estos fondos se generó a través de presuntos sobornos a funcionarios venezolanos, lo que facilitó a Saab y a sus socios la obtención de contratos millonarios dentro del programa Clap y en negocios relacionados con la exportación de petróleo.
La Fiscalía señala que estos delitos hicieron posible la creación de un esquema internacional basado en la corrupción y el ocultamiento de activos.
Alex Saab, de 55 años y exministro venezolano, es señalado como presunto testaferro de Nicolás Maduro. Actualmente, enfrenta cargos de conspiración para el lavado de dinero, por los que podría recibir una condena de hasta 20 años de prisión federal si es declarado culpable, de acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense. La causa se tramita en Miami tras su deportación desde Venezuela hacia Estados Unidos. Las autoridades aclaran que, a pesar de la gravedad de las acusaciones, Saab es considerado inocente hasta que se demuestre su responsabilidad en el proceso judicial.
La DEA ejecutó la expulsión de Alex Saab desde Venezuela
El empresario colombiano Alex Saab fue deportado de Venezuela a Estados Unidos el sábado 16 de mayo de 2026 en una operación de la DEA, a pesar de contar con un perdón presidencial otorgado por Joe Biden. Esta decisión se tomó en medio de tensiones entre Caracas y Washington debido a compromisos incumplidos tras negociaciones en Qatar. El gobierno transitorio de Venezuela comunicó oficialmente que Saab perdió la nacionalidad venezolana y que su expulsión responde a su implicación en delitos cometidos en Estados Unidos.
Saab afronta un segundo proceso penal en ese país, independiente al caso por el que había recibido el perdón, y en el que también está implicado Álvaro Pulido, su socio. Pulido había sido arrestado en Venezuela en 2023 por corrupción vinculada a Pdvsa. La deportación se realizó en un avión Gulfstream utilizado por la DEA, y fue documentada por medios de comunicación con imágenes de Saab abordando la aeronave.
Antes de su expulsión, Saab fue destituido de su cargo ministerial y despojado de la nacionalidad venezolana, pese a que él negó estar detenido y aseguró contar con el indulto presidencial estadounidense. Sin embargo, fuentes federales sostienen que esa inmunidad solo cubría el primer proceso, y que existen nuevas investigaciones sobre movimientos de activos y su rol como operador del régimen venezolano.
La selección de Saab como objetivo principal de las agencias estadounidenses se relaciona con el descontento por el incumplimiento de acuerdos bilaterales, incluyendo garantías electorales. En respuesta a esta nueva ofensiva judicial, Saab designó a Neil Shuster como su abogado defensor para afrontar el nuevo proceso en tribunales federales de Estados Unidos.
Fuente: Infobae