Dos días después del asesinato de la jueza Lady Pachar Huanga, en Machala, provincia de El Oro, el Consejo de la Judicatura (CJ) anunció medidas urgentes para reforzar la seguridad de los operadores de justicia a escala nacional.
La magistrada fue asesinada la tarde del pasado lunes, 11 de mayo de 2026, cuando se movilizaba en un vehículo por la avenida Colón Tinoco, a la altura de la ciudadela Machalilla, en el sur de Machala. El hecho ocurrió cerca de las 18:00.
Este 13 de mayo, el CJ informó que durante la sesión del 12 de mayo, la presidenta del organismo Mercedes Caicedo dispuso la instalación de mesas técnicas con la participación de varios actores, entre ellos la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj) y sus delegados provinciales.
Además, la Judicatura aseguró que se propondrá la creación de un departamento de coordinación con el Ministerio del Interior, para agilizar la atención y aprobación de los pedidos de seguridad presentados por los servidores judiciales.
A la vez, Caicedo también dispuso a la Dirección General del CJ levantar información detallada sobre las condiciones de seguridad en las dependencias judiciales; el número de servidores que han reportado amenazas o han sido víctimas del crimen organizado en el ejercicio de sus funciones; así como cuántos cuentan con resguardo policial permanente y cuántos reciben monitoreo preventivo.
Tras el asesinato de la jueza Pachar, la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces demandó al Consejo de la Judicatura y al Ministerio del Interior la adopción urgente de medidas reales y efectivas de protección y seguridad para los administradores de justicia.
“Esta situación evidencia el grave deterioro de las condiciones mínimas para el ejercicio independiente y seguro de la administración de justicia”, enfatizó el gremio. (I)