El pasado viernes, autoridades venezolanas procedieron a la exhumación del cuerpo del detenido político Víctor Hugo Quero Navas, fallecido bajo custodia del Estado. Esta medida se tomó luego de que el Gobierno reconociera públicamente, el jueves anterior, que el reo había muerto hace nueve meses, y tras una orden de la Fiscalía para investigar la prolongada omisión de información por parte del aparato estatal.
“La exhumación se está produciendo el día de hoy. Entiendo que está la madre, Carmen Navas, y hay alguien que la está acompañando en ese momento”, declaró a la agencia EFE la coordinadora general de la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Martha Tinedo.
El procedimiento forense se llevó a cabo en un cementerio ubicado al sureste de Caracas. Durante el operativo estuvieron presentes patrullas del Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas (CICPC), organismo que, según reportes oficiales, ya había iniciado una investigación en marzo después de tener conocimiento del caso a través de redes sociales.
Desde la ONG JEP manifestaron su inquietud respecto a la transparencia del proceso:
“Esa es una comisión que debería haber estado integrada por investigadores independientes, de ser posible internacionales. Lamentablemente ya iniciaron la investigación de esta forma y lo que seguiremos es exigiendo que esta investigación conduzca a la verdad y el establecimiento de las responsabilidades”.
Tras el levantamiento, los restos de Quero Navas fueron trasladados en una carroza fúnebre, la cual iba escoltada por una caravana compuesta por funcionarios del CICPC y de la Defensoría del Pueblo. El cortejo llegó pasadas las 18:00 (hora local, 22:00 GMT) a otro camposanto en la zona sureste de la capital, un sitio al que la prensa no pudo acceder.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) condenó enérgicamente que Carmen Navas, una mujer de más de 80 años, haya tenido que reconocer el cadáver de su hijo en circunstancias que estremecen al país. La organización señaló que este caso evidencia “la crueldad de un sistema capaz de desaparecer personas, ocultar información a las familias y silenciar durante meses la verdad sobre una muerte”.
Víctor Hugo Quero Navas se encontraba detenido desde el 1 de enero de 2025. Según información proporcionada por la ONG Foro Penal, el “motivo aparente” de su arresto estaba relacionado con su historial institucional, ya que “supuestamente” prestó servicio militar en 2023. Durante meses, su madre denunció tanto la detención como la desaparición forzada, pero no fue hasta el jueves pasado que el Ministerio del Servicio Penitenciario confirmó oficialmente el deceso.
Mediante un comunicado, el ente gubernamental detalló que Quero permaneció recluido en la cárcel El Rodeo I, ubicada en las cercanías de Caracas, desde el 3 de enero de 2025. El reo fue trasladado a un centro hospitalario el 15 de julio del mismo año después de presentar “hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo”. El preso político falleció casi diez días más tarde, el 25 de julio, debido a “insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar”, según el parte médico oficial.
Las organizaciones JEP y Provea reportaron que, en total, 27 personas detenidas por motivos políticos han muerto bajo custodia estatal desde 2014, una cifra que incluye a Víctor Quero Navas. De acuerdo con los registros de ambas ONG, el año con mayor cantidad de fallecimientos en estas condiciones fue 2024, con cinco casos; le siguen 2019 y 2025, cada uno con cuatro decesos.
Las agrupaciones también difundieron una lista con los nombres y fechas de fallecimiento de estos presos políticos. En el listado figura, por ejemplo, la muerte de Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa del expresidente Hugo Chávez, quien falleció en prisión en 2021 tras cumplir 12 años de detención.
En un pronunciamiento conjunto, las ONG señalaron: “Estas 27 muertes evidencian la vulnerabilidad de los ciudadanos cuando no existen instituciones capaces de afrontar los abusos de poder. En Venezuela urge un proceso genuino de reinstitucionalización que ponga la garantía de los derechos humanos en el centro”.
Fuente: Infobae