El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos emitió un fallo que califica como inválidos los aranceles del 10% que el presidente Donald Trump impuso temporalmente en febrero pasado, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes recíprocos de mayor escala.
La resolución, aprobada por una mayoría de 2 a 1 en un panel de jueces dividido, representa un nuevo revés para la Casa Blanca. Sin embargo, no ordena la eliminación general del arancel ni un reembolso masivo. El fallo se aplica directamente solo a tres demandantes: el estado de Washington y las empresas Burlap & Barrel y Basic Fun!, aunque deja abierta la posibilidad de que otros importadores soliciten medidas cautelares más amplias.
En su sentencia, el tribunal determinó que la aplicación de estos aranceles bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 —que otorga al presidente facultades para abordar problemas de pagos internacionales mediante recargos y restricciones a las importaciones— carece de autorización legal y es inválida. Los jueces señalaron que la administración no justificó la medida con base en déficits de balanza de pagos, como exige la ley de 1974.
La corte indicó que la decisión presidencial se fundamentó en déficits de cuenta corriente y en un análisis de un déficit comercial considerable y grave, conceptos que, aunque relacionados, son distintos según la legislación. La ley reconoce esta diferencia, advirtió el tribunal, y la propia administración admitió que la proclamación no utilizó los indicadores tradicionales de balanza de pagos.
Uno de los tres jueces emitió un voto particular, calificando como prematuro decidir si el tribunal debía respaldar o invalidar la medida. Este magistrado consideró que aún no se habían agotado todas las instancias previas.
El fallo del Tribunal de Comercio Internacional de EE.UU. puede ser apelado por el gobierno, lo que llevaría el caso al Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal y, eventualmente, a la Corte Suprema. De momento, la decisión no afecta de manera generalizada a todos los importadores, pero marca un precedente para futuras reclamaciones.
Fuente: Infobae