En una sesión extraordinaria celebrada este lunes 4 de mayo de 2026, el Pleno de la Corte Constitucional aceptó la renuncia irrevocable del juez constitucional Raúl Llasag Fernández, quien se desempeñaba en el cargo desde el año 2025.
La decisión, que contó con siete votos a favor y uno en contra, marca el inicio de una transición institucional que llevará a la jurista cuencana Sandra Cordero Gárate al máximo tribunal de control constitucional del país.
Sin embargo, la dimisión de Llasag no fue sorpresiva para el seno de la Corte, ya que el magistrado había remitido un escrito fundamentado el pasado 1 de abril de 2026. En dicho documento, dirigido a la Presidencia del organismo, Llasag expuso que su renuncia obedecía estrictamente a cuestiones de salud.
El Pleno de la Corte, tras deliberar sobre el pedido, resolvió aceptar la renuncia. Durante la votación, los jueces Karla Andrade, Jorge Benavides, Alejandra Cárdenas, Jhoel Escudero, Alí Lozada, Claudia Salgado y José Luis Terán votaron a favor, mientras que el juez Richard Ortiz Ortiz emitió el único voto en contra.
Pese a la aceptación de su renuncia, Llasag no abandonará el despacho de inmediato. Con el fin de garantizar una transición ordenada, el juez saliente continuará en funciones hasta que su reemplazo se posesione formalmente ante el Pleno.
La sucesión en la magistratura recae sobre Sandra Cordero Gárate, quien se encontraba en el primer lugar del listado de elegibles correspondiente al concurso de méritos y oposición de 2019. Cordero, jurista de Cuenca, posee una trayectoria como docente y jueza de la Sala de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Azuay.
La Corte Constitucional señaló que Cordero ya ha sido notificada y ha aceptado formalmente el cargo para el cual fue designada como elegible por la Comisión Calificadora hace siete años.
Este nombramiento de Cordero en la Corte Constitucional coincide con una designación de alto nivel otorgada por el Ejecutivo. A finales de 2025, el presidente Daniel Noboa la designó como una de las cuatro representantes de Ecuador ante la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) de La Haya para el periodo 2025-2031.
La relevancia de esta posición no es menor, ya que los miembros de este grupo en La Haya no solo representan al país en litigios internacionales, sino que también tienen la facultad de nominar candidatos para la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Radio Pichincha