La Corte Constitucional (CC) ordenó al Ministerio de Salud Pública (MSP) que, en el plazo de un año, elabore una política pública integral, debidamente financiada, para garantizar el acceso a la salud de pacientes con insuficiencia renal.
Asimismo, en la sentencia emitida el 23 de abril de 2026, se dispone que la Secretaría Técnica Jurisdiccional convoque al MSP a reuniones de seguimiento trimestrales hasta la concreción de la política pública. Incluso después de su implementación, los jueces podrán requerir información periódica al Gobierno sobre la ejecución de las acciones y su cumplimiento.
En sus informes, la cartera de Salud deberá incorporar:
- La actualización de la Guía de Práctica Clínica: Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Renal Crónica.
- Los “Lineamientos operativos para fortalecer la detección precoz, prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la Enfermedad Renal Crónica (ERC)”.
- La Guía de Práctica Clínica (GPC) para el tratamiento de la hipertensión arterial en adultos.
- La Guía de Práctica Clínica (GPC) para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 en adultos.
La CC señaló que la Defensoría del Pueblo, a través de sus delegaciones provinciales, deberá vigilar el cumplimiento de la sentencia mediante un informe semestral específico sobre:
- Eje de política pública
- Eje de programación y mecanismos permanentes de pago
Cabe destacar que esta sentencia se basa en una acción de seguimiento de cumplimiento presentada por la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz.
El primer dictamen sobre el acceso a la salud de pacientes renales se emitió el 30 de septiembre de 2020, cuando la Corte examinó una resolución de medidas cautelares dictada por una Unidad Judicial del Guayas.
Según Veloz, esta resolución de la CC confirma el abandono del Estado a la salud pública.
Radio Pichincha