Pese a que la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) ya desembolsó más de USD 175 millones por los tres polémicos contratos eléctricos a Progen Industries LLC y Austral Technical Management (ATM) durante la emergencia eléctrica de 2024, ni un solo funcionario ha sido procesado y todos están libres, incluso, la mayoría sigue en cargos públicos, tal como ya lo expuso Radio Pichincha.
El único caso que sigue adelante es la demanda que interpuso Celec a Progen, en cortes de Florida, en Estados Unidos.
Hoy, a pesar de las denuncias de supuesto peculado y delincuencia organizada interpuestas en contra de los funcionarios que actuaron de forma directa e indirecta en los contratos eléctricos, la Fiscalía mantiene los procesos en el “congelador”.
El caso Apagón, bien gracias
Luego de casi un año de la firma de los polémicos contratos eléctricos, la Fiscalía inició el denominado Caso Apagón el 28 de julio de 2025, mediante 17 allanamientos simultáneos por presunto peculado.
Se incautaron 31 celulares y computadores, pero, hasta la fecha, ninguno de los 12 funcionarios identificados ha sido procesado formalmente.
Los funcionarios en la mira, que intervinieron en la adjudicación de contratos a Progen y ATM, son:
- Fabián Mauricio Calero Freire: Exviceministro de Electricidad y exgerente de Celec, desde donde firmó la resolución de emergencia que habilitó las contrataciones “a dedo”. No es procesado, por ahora, en la justicia ecuatoriana por la firma de los contratos con Progen y ATM. Solo fue investigado junto con Roberto Luque (ministro de Energía por ese entonces) por la la contratación de la barcaza de generación flotante a la empresa Karpowership. En noviembre de 2024, un juez de la Corte Nacional de Justicia ordenó el archivo definitivo de la causa. La justicia determinó que los hechos no constituían delito, ya que Calero actuó bajo disposiciones ministeriales legales y la adjudicación final fue responsabilidad de otro funcionario (el gerente de Electroguayas).
- Byron Fernando Orozco Moreno: Exgerente de Termopichincha que suscribió los contratos con Progen por USD 149,3 millones para equipos que resultaron ser motores oxidados de hace 60 años.
- Manuel Barberán Cedeño: Exgerente de Electroguayas y responsable de la firma con la uruguaya ATM para el proyecto Esmeraldas III, cuyos motores son incompatibles con la red nacional. Curiosamente, Barberán no fue incluido en la denuncia del Caso Apagón y actualmente labora en CNEL Manabí. Barberán sufrió un revés judicial tras la inadmisión de su demanda (en diciembre de 2025) contra la Contraloría, con la que buscaba anular informes de auditoría vinculados a la crisis energética de 2024, especialmente a las irregularidades en la adquisición de generadores termoeléctricos terrestres de entre 90 y 150 MW (motores de ATM).
- Marlon Iván Casilla Hernández: Especialista técnico en Celec. No tiene procesos en su contra sobre los contratos eléctricos.
- Elizabeth Silvana Paguay Ramírez: Exgerente de la Unidad Termopichincha.
- Cristhian Andrés Dahik Quijano: Exsubgerente Jurídico de Celec.
- Julio Montesdeoca, Marvin Rubio, Irene Cuenca, Gabriela Toazo, Juan Carlos Cornejo, Holger Jaramillo y Carlos Iván Villacís completan la lista de funcionarios identificados pero no procesados.
Delincuencia organizada
El 30 de julio de 2025 dos días después del caso Apagón, Gonzalo Guerrón López, en ese entonces, gerente de a Unidad de Negocio Termopichincha de Celec, presentó una denuncia por presunta delincuencia organizada en contra de ocho personas, la mayoría, funcionarios y extrabajadores de la holding estatal, como Byron Orozco.
Sin embargo, tras una revisión en el Consejo de la Judicatura, se constató que la investigación previa no prospera y permanece estancada. Este delito de delincuencia organizada, sancionado con penas de 7 a 10 años de cárcel, permite una etapa de investigación previa que podría extenderse hasta por dos años.
Hasta el momento, la Fiscalía no ha logrado formular cargos, y los señalados como “sospechosos no reconocidos” caminan sin restricciones.
En esta lista de sospechosos figuran nombres recurrentes en el escándalo: Byron Orozco Moreno, Fabián Calero Freire, Cristhian Dahik Quijano, Andrew Williamson (presidente de Progen), Karla Saud Calero (nexo principal entre Progen y el Estado ecuatoriano a través de la empresa Astrobryxa S.A), Alberto Paredes Maldonado (apoderado especial y representante legal en Ecuador de Progen), José Manrique (socio estratégico de Saud Calero) y Marlon Casilla Hernández.
De ese grupo destaca la situación jurídica de Alberto Paredes Maldonado: la empresa Seguros Confianza S.A., busca el cobro de una factura o prima de seguros a Progen. Sin embargo el juez dispuso la devolución de los expedientes del caso a Guayaquil, tras la imposibilidad de citar legalmente a los representantes de Progen Industries LLC y la firma local Inycofyi S.A.
Ante esta situación, el Tribunal de Quito emitió un auto el 16 de marzo de 2026 ordenando el archivo de las actuaciones en dicha sede y la devolución del deprecatorio al juzgado de origen en Guayaquil, donde radica la causa principal.
….Demanda en EE.UU.
Mientras en Ecuador los procesos penales duermen, Celec activó una demanda civil en la Corte del Distrito Medio de Florida, invocando la Ley RICO (crimen organizado). El Estado acusa a Progen y sus socios de formar una “empresa criminal” para extraer USD 110 millones de las arcas ecuatorianas mediante fraude y falsificación de documentos.
Así, se acusa a Progen Industries LLC de utilizar nombres falsos como “H&S Industry LLC” y certificados forjados de empresas como Lakeland Electric para aparentar una experiencia que no tenía.
John B. Manning (CEO) y Andrew Williamson (COO) habrían liderado la operación desde Florida, según la denuncia. Williamson es acusado de notarizar documentos falsos y coordinar inspecciones fraudulentas, desviando fondos estatales para gastos personales.
En tanto, la ecuatoriana Karla Saud Calero es la dueña de Astrobryxa S.A. (calificada como “compañía de fachada”) y representante de Progen en Ecuador. Habría recibido USD 20 millones para “guardar silencio” sobre el hecho de que los generadores entregados eran usados o no funcionales.
En su contrademanda en EE. UU., Progen alega varias irregularidades cometidas por Celec. Por ejemplo, señaló que los funcionarios de la holding estatal enviados a inspeccionar los equipos estaban más interesados en visitar Disney World y centros comerciales que en verificar la calidad técnica de los generadores.
En definitiva, pese a que el Gobierno de Daniel Noboa ya desembolsó USD 175,77 millones por contratos fallidos, no hay un solo detenido en Ecuador por este escándalo. Las investigaciones por delincuencia organizada y peculado siguen sin avances sustanciales en la Fiscalía, mientras los implicados como Barberán intentó impugnar las auditorías de control sin éxito.
Radio Pichincha