La Secretaría de Marina (SEMAR) llevó a cabo este lunes un operativo quirúrgico: 120 fuerzas de reacción rápida, cuatro helicópteros y aeronaves de espionaje para arrestar a Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, identificado como uno de los potenciales herederos de Nemesio “El Mencho” Oseguera al frente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Flores Silva fue hallado oculto en un conducto de alcantarillado. Su equipo de protección —60 individuos y 30 vehículos— se diseminó al percatarse del despliegue naval. No se registró ni un solo disparo. El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, elogió públicamente a la SEMAR por la operación.
Sin embargo, la detención fue solo el preámbulo de una discusión mucho más profunda.
Lo que reveló el Los Angeles Times —y que nadie podía pasar por alto
El domingo, el periódico Los Angeles Times destapó que la administración Trump prepara una ofensiva anticorrupción enfocada en funcionarios mexicanos con presuntos lazos con el crimen organizado. Las acciones consideradas superan la revocación de visas: incluyen acusaciones formales ante cortes federales de Estados Unidos.
La pista más clara la dio el propio embajador Johnson desde Sinaloa, durante un acto del proyecto Pacífico Mexinol: “Es posible que pronto veamos avances importantes en este ámbito. Así que estén atentos.”
La declaración fue difundida por NewsNation y replicada en redes por Derek Maltz, exjefe de la División de Operaciones Especiales de la DEA, quien sumó su propia interpretación: para él, capturar a líderes criminales es insuficiente si no se desmonta la red de sobornos que los resguarda.
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“Lo que tiene que haber es pruebas”: la réplica de Sheinbaum
Este lunes, durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum fue interrogada directamente sobre la posibilidad de que Washington acuse a funcionarios mexicanos.
Su contestación fue precisa en varios aspectos.
Primero, recalcó quién tiene la autoridad: la lucha contra la corrupción en México compete al gobierno mexicano, a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías estatales —no a Washington.
Segundo, apuntó que el reclamo de combatir la corrupción no es privativo de México: “Igual que le corresponde a Estados Unidos por actos de corrupción de funcionarios estadounidenses en Estados Unidos.”
Tercero, y quizás lo más trascendental: Sheinbaum no descartó ninguna pesquisa, sino que fijó una exigencia: “Lo que tiene que haber es pruebas, cargas y evidencias claras.” Su administración, dijo, no amparará a nadie que tenga pruebas en su contra.
El trasfondo: ¿cooperación o presión?
El intercambio refleja una tensión estructural en el vínculo binacional. Por un lado, operativos como el de “El Jardinero” demuestran que la colaboración entre instituciones mexicanas y estadounidenses arroja resultados tangibles. Por otro, la amenaza de imputaciones federales desde Estados Unidos contra funcionarios mexicanos incursiona en un ámbito que México históricamente ha defendido como soberanía interna.
El debate sobre corrupción, cárteles y hasta dónde alcanza la jurisdicción de Washington no comenzó esta semana —ni concluirá con esta aprehensión.
Fuente: Infobae