La nueva presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha puesto en marcha una profunda renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Al igual que sus antecesores, Rodríguez prepara una reestructuración que afectará directamente a personajes muy cercanos al entorno de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes durante años moldearon el Poder Judicial a su conveniencia.
De acuerdo con versiones extraoficiales, al menos 12 de los 20 magistrados que integran el TSJ dejarían sus cargos de manera definitiva. De ese grupo, ocho serían jubilados, y entre los nombres que más resaltan están los de Maikel Moreno y Elsa Gómez, ambos miembros de la Sala Penal y envueltos en múltiples controversias por presuntos actos de corrupción.
Maikel Moreno, considerado un hombre de confianza de la pareja Maduro-Flores, presidió el máximo tribunal entre 2017 y 2022. Sobre sus hombros pesan sanciones de 42 naciones, entre ellas las de Estados Unidos y la Unión Europea, por su participación en el debilitamiento de la democracia y el Estado de Derecho en el país.
Su situación judicial es crítica: Washington ofrece una recompensa de 5 millones de dólares a quien proporcione información que facilite su captura. La justicia estadounidense lo persigue por su presunta implicación en crimen organizado transnacional, recepción de sobornos y lavado de activos.
Moreno estaba al frente del TSJ el 30 de abril de 2019, día en que se produjo un intento de golpe de Estado contra Maduro. El dirigente opositor Leopoldo López aseguró en su momento que el magistrado formaba parte del complot, pero que finalmente no cumplió con el acuerdo de dictar una sentencia a favor del levantamiento.
Tras aquel episodio, se rumoreó que Maduro lo expulsaría de la institución. Sin embargo, Moreno logró recuperar la confianza del líder chavista y fue ratificado en 2022 por otros 12 años. Ahora, con Delcy Rodríguez al frente del Ejecutivo, su suerte parece haber cambiado.
La sombra de la familia Flores
En la lista de salidas también figura Elsa Gómez, presidenta de la Sala Penal. En 2013, la propia Sala Constitucional del TSJ determinó que cometió un “error inexcusable” y actuó “de forma grotesca” cuando, siendo jueza de la Corte de Apelaciones de Caracas, favoreció a un general del Ejército condenado por corrupción.
Gómez ha sido señalada públicamente por presuntamente ejercer presiones indebidas en los tribunales y liderar la persecución judicial contra la disidencia tras las elecciones presidenciales de julio de 2024. Su parentesco con el círculo íntimo de Cilia Flores es innegable: es tía de la esposa de Walter Gavidia Flores, hijo mayor de Cilia Flores.
Con la salida de Moreno y Gómez, Delcy Rodríguez deja fuera a dos de los tres magistrados que conforman la Sala Penal. La mandataria encargada ha anunciado una reforma del sistema penal con el objetivo de combatir el retardo procesal, reducir la criminalización de la pobreza y erradicar la corrupción.
“Vamos a consultar a los venezolanos sobre la reforma de la justicia penal. Es un pedido del pueblo de Venezuela todo lo relacionado al acceso a la justicia, que sea un acceso a la justicia oportuna”, declaró la presidenta interina.
Otro de los jubilados es el jefe de la Sala Social y primer vicepresidente del TSJ, Edgar Gavidia Rodríguez. Militante del extinto Movimiento Quinta República, fundado por Hugo Chávez, es hermano del primer esposo de Cilia Flores.
Una prueba para la democracia
De los 20 magistrados principales, solo uno podría estar vinculado actualmente con factores opositores. La renovación del TSJ, impulsada por la Asamblea Nacional que preside Jorge Rodríguez (hermano de Delcy Rodríguez), se presenta como una oportunidad para medir la disposición del chavismo hacia una apertura democrática.
El diputado opositor Henrique Capriles Radonski destacó la importancia del proceso: “Los venezolanos claman por instituciones serias, que sean independientes y que estén al servicio de la gente”. Capriles subrayó que esta renovación es “muy importante” para que el país cuente con un sistema de justicia que funcione para los ciudadanos.
La cúpula del Poder Judicial ha sido instrumentalizada por el chavismo para imponer su agenda y silenciar a la disidencia. La ONG Provea recordó que, en 2024, “el TSJ jugó un rol fundamental en el desconocimiento de la voluntad popular expresada en las elecciones del 28 de julio, y usurpó inconstitucionalmente funciones del Consejo Nacional Electoral”, lo que profundizó la falta de credibilidad y transparencia de los resultados electorales.
Este refrescamiento del máximo tribunal no solo es seguido de cerca por la sociedad venezolana. El gobierno de Estados Unidos también observa con atención los movimientos de Delcy Rodríguez, consciente de que el Poder Judicial es una pieza clave para cualquier transición democrática en Venezuela.
Fuente: Infobae