La bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) bloqueó la solicitud de comparecencia inmediata del contralor Mauricio Torres ante la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional. En su lugar, la mesa legislativa, presidida por la oficialista Diana Jácome, aprobó una resolución para solicitar información técnica por escrito tanto a la Contraloría General del Estado como a la Superintendencia de Protección de Datos Personales.
Bloqueo a la comparecencia y estrategia de ADN
La controversia surgió este 23 de abril de 2026, luego de que el legislador Isaac Solano (ADN) planteara un cambio en el orden del día. Mientras los delegados de la Revolución Ciudadana (RC), liderados por Blasco Luna, exigían que el contralor Torres explique personalmente las nuevas restricciones al acceso de declaraciones patrimoniales de funcionarios, el oficialismo y sus aliados evitaron la convocatoria directa.
Diana Jácome defendió la postura de ADN basándose en una interpretación del artículo 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Argumentó que la norma faculta a las comisiones a requerir “información o comparecencias”, por lo que no existe la obligación de utilizar ambos mecanismos simultáneamente.
Según Jácome, se analizará primero la documentación recibida para determinar si, en el futuro, es necesaria la presencia de las autoridades.
Las medidas adoptadas por la Comisión
Ante el rechazo a la comparecencia, la resolución aprobada establece las siguientes acciones:
- Plazo de 10 días: el Contralor y el Superintendente de Protección de Datos tienen diez días para remitir informes detallados sobre las reformas al acceso a las declaraciones patrimoniales juradas.
- Evaluación de respuestas: una vez recibida la información, la comisión decidirá si procede o no llamar a los funcionarios a la mesa legislativa.
- Justificación técnica: se busca que la Superintendencia de Protección de Datos explique si las medidas responden a recomendaciones técnicas para garantizar la seguridad de la información pública.
Contexto: las nuevas restricciones de la Contraloría
La polémica estalló tras los cambios implementados en el portal de la Contraloría desde el 20 de abril de 2026. El nuevo sistema fue calificado por la oposición como un “bloqueo” o “medida dictatorial”. Actualmente, para acceder a la información de activos y pasivos de un funcionario público, el ciudadano debe registrar:
- Número de cédula y fecha de expedición.
- Correo electrónico para recibir un código de acceso.
- Aceptación de una cláusula de confidencialidad y aviso de privacidad.
Desde ADN, el asambleísta Isaac Solano justificó estas medidas señalando que, si bien la transparencia es necesaria, el uso indebido de la información patrimonial puede abrir la puerta a extorsiones, amenazas y ataques personales contra los servidores públicos. Por el contrario, legisladores como Blasco Luna denuncian que estas trabas digitales buscan obstaculizar el control social y ocultar posibles irregularidades en las cuentas de funcionarios del Estado.