El jefe del gabinete ministerial de Perú, Luis Enrique Arroyo Sánchez, manifestó su respaldo total al contrato de adquisición de aeronaves de combate F-16 para la Fuerza Aérea. Esta declaración surge tras la controversial decisión del mandatario José María Balcázar de paralizar la compra, un movimiento que ha provocado la dimisión de los titulares de Defensa y Exteriores, sumiendo al país en una nueva crisis política mientras ya se analiza una moción de censura.
«El proceso de contratación para la adquisición de aviones F-16 (…) obedecen a compromisos preestablecidos que atañen a la defensa nacional y que exige el respeto a la figura presidencial, que además es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas»
El primer ministro Arroyo Sánchez subrayó que es responsabilidad del Gobierno garantizar el cumplimiento de los acuerdos pactados. Advirtió que, de no honrar lo establecido, el Estado peruano no solo enfrentaría «penalidades onerosas», sino también un grave deterioro de su imagen ante la comunidad internacional. Además, calificó la compra como una «decisión de naturaleza estratégica» esencial para la renovación de las capacidades de las Fuerzas Armadas.
Tensiones en el Ejecutivo y detalles del contrato
La transacción por 20 unidades con el fabricante estadounidense Lockheed Martin ha desatado una tormenta política en un contexto de incertidumbre electoral. El conflicto escaló cuando el presidente Balcázar afirmó que la decisión quedaría en manos de la administración que asuma tras la segunda vuelta del 7 de junio. Este anuncio forzó la salida de Carlos Díaz (Defensa) y Hugo de Zela Martínes (Exteriores).
Pese a la intención presidencial de detener el proceso, el Ministerio de Economía ratificó que ya se efectuó un pago inicial de 462 millones de dólares (aproximadamente 395 millones de euros). Según declaraciones del embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, el arribo de estos aviones de combate está proyectado para ocurrir entre los años 2029 y 2030.
La oposición impulsa una moción de censura
La inestabilidad interna se ha vuelto una constante en un gabinete que ha tenido dos primeros ministros en apenas dos meses, marcado por el nombramiento de Denisse Miralles tras la declinación de Hernando de Soto. Ante este panorama, el congresista Ilich López, tercer vicepresidente del Legislativo y miembro de Acción Popular, ha propuesto formalmente una moción de censura contra el presidente.
«Se ha puesto gravemente en riesgo la seguridad nacional (…) Claramente acá él no está tomando las decisiones, menos las correctas (…) El presidente Balcázar tiene que explicar muchas cosas al país»
López confirmó que ya se ha iniciado el proceso para recolectar las 33 firmas reglamentarias necesarias para llevar la moción a debate parlamentario. No obstante, el bloque opositor no tiene una postura unánime. Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular y ganadora de la primera vuelta, se manifestó en contra de la censura argumentando que esto «alimentaría más la inestabilidad», aunque instó al mandatario a reflexionar sobre la gravedad de sus declaraciones y el peso de los compromisos asumidos.
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