A pesar de las constantes negativas del mandatario Gustavo Petro sobre supuestos vínculos con el entorno de Diego Marín Buitrago, conocido bajo el alias de Papá Pitufo, han surgido evidencias que confirman reuniones privadas entre el jefe de Estado y el equipo legal del denominado “zar del contrabando”.
Investigaciones periodísticas señalan que se estableció un vínculo directo entre el Gobierno nacional y el cuestionado contrabandista, el cual operó de forma paralela y fuera de los canales judiciales tradicionales. Estos acercamientos habrían comenzado antes de cualquier trámite oficial de mediación.
Se estima que entre los años 2024 y 2026, el presidente Gustavo Petro encabezó de manera personal los primeros contactos con los emisarios de Diego Marín. Esta relación habría incluido diálogos directos, misiones especiales en el exterior y el manejo de información sensible sobre redes de corrupción, lo que ha generado un fuerte cuestionamiento sobre la transparencia de estas gestiones estatales.
De acuerdo con la información disponible, a inicios de 2024 se llevó a cabo una reunión privada de alto nivel en Bogotá. En dicho encuentro participaron Gustavo Petro, su asesor en temas de ciberseguridad Ramón Devesa, y el jurista europeo Gonzalo Boye Tuset, quien lidera la defensa de Marín.
El rastro de estos encuentros sitúa una cita clave el 16 de mayo de 2024 en las instalaciones del Hotel Tequendama. Este evento ocurrió apenas días después de que el contrabandista fuera retenido y posteriormente liberado en España. Durante la reunión, que se prolongó por cerca de una hora, se habría explorado la intención del mandatario para que Marín colaborara con las autoridades colombianas, exponiendo tramas de corrupción en el contrabando. Tras esta cita, se habrían autorizado comunicaciones directas a través de colaboradores cercanos a la Presidencia de la República.
Aunque públicamente se negó cualquier trato directo fuera de la ley, las indagaciones indican que Laura Sarabia, en ese entonces directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, recibió directrices claras para gestionar una misión oficial hacia España. El objetivo era establecer contacto presencial con el círculo íntimo del procesado.
Cronología de los contactos con el entorno de alias Papá Pitufo
La delegación oficial enviada a territorio europeo estuvo conformada por Isaac De León Beltrán, asesor de la Uiaf, y Ramón Devesa. Ambos viajaron a Madrid entre el 31 de mayo y el 3 de junio de 2024, presuntamente bajo órdenes directas de la máxima autoridad del Ejecutivo. En documentos oficiales, De León Beltrán dejó constancia de que la labor consistía en:
“entregar un mensaje al señor Diego Marín Buitrago en España”
El 2 de junio, en la capital española, los enviados habrían presentado una propuesta formal de beneficios y seguridad a cambio de que Diego Marín aceptara comparecer ante la justicia y colaborar con información. Este movimiento consolidó un canal de comunicación reservado y ajeno a los protocolos establecidos.
Al retornar a Bogotá, los delegados entregaron un reporte de inteligencia a la Presidencia. En dicho informe se detallaban datos sobre la estructura de contrabando, posibles filtraciones durante la contienda electoral y la mención de 500 millones de pesos en efectivo relacionados con individuos próximos a la administración gubernamental.
Incluso después de que Marín evadiera el control de las autoridades españolas, los diálogos continuaron en Bogotá. En septiembre de 2024, se realizó una tercera reunión en un hotel del centro capitalino. Allí, Beltrán se reunió con Luis Felipe Ramírez Prada, abogado de confianza de Marín en Colombia, para tratar nuevamente la protección del delator y los nexos estatales de la red.
Apenas cinco días después de ese encuentro, se produjo la salida del general Heiner Puentes de la dirección de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), tras rumores de vínculos con el contrabando. En las conversaciones reveladas, Ramírez Prada habría sentenciado:
“Si Pitufo habla de todo, apague y vámonos”
Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2024, se sucedieron múltiples reuniones en la capital sin que la Fiscalía fuera notificada. Estos encuentros incluyeron la entrega de reportes verbales a Liliana Ortiz, quien era asesora de la Uiaf y más tarde fue designada como directora de Delitos Fiscales en el ente acusador.
Impacto institucional y quiebre de las negociaciones
La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, ha manifestado desconocer oficialmente estos acercamientos entre el Ejecutivo y los delegados de Marín. Al respecto, la funcionaria fue enfática:
“No lo conocimos ni en su momento ni posteriormente fuimos informados jamás de que ese contacto se hubiese realizado… todas las gestiones para una negociación las tiene que emprender la Fiscalía”
A pesar de que el zar del contrabando fue capturado nuevamente en Portugal en diciembre de 2024, las gestiones continuaron con la participación de Jorge Arturo Lemus, director de inteligencia del Estado. Registros indican que Lemus planteó la posibilidad de incluir al detenido en el marco de la Paz Total, ofreciendo ventajas procesales. En una grabación difundida, se escucha al funcionario decir:
“Que el hombre venga y hable contra quien se le dé la puta gana”
Finalmente, estas gestiones no arrojaron resultados concretos para la justicia. Marín no enfrentó procesos efectivos en el país y el hermetismo de las operaciones generó fuertes críticas. Para el año 2025, la relación se fracturó definitivamente cuando el Gobierno negó la entrada al país de Gonzalo Boye por razones de soberanía nacional, terminando con la interlocución directa que él mismo había mantenido con el presidente.
En resumen, se han documentado al menos diez encuentros confidenciales desde el año 2024, realizados sin actas oficiales. Estas reuniones habrían facilitado el intercambio de datos reservados y promesas de beneficios legales sin el debido sustento jurídico, coincidiendo además con cambios estratégicos en las entidades de control aduanero.
Fuente: Fuente