La reciente desaparición de ocho actas electorales en el sector de Zárate ha encendido las alarmas sobre la fragilidad del proceso electoral peruano. Este incidente, que involucra la pérdida de documentación vital, ha reabierto el debate nacional sobre la efectividad de la cadena de custodia y la fiabilidad de los resultados. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó que el hecho ocurrió tras los comicios del pasado 15 de abril en la Institución Educativa Antenor Orrego, situada en la avenida Gran Chimú, en el distrito de San Juan de Lurigancho.
De acuerdo con la denuncia interpuesta ante la comisaría de Zárate, la responsable de la mesa de votación aseguró haber entregado todo el material reglamentario a la coordinadora del local. Posteriormente, esta última, en compañía de un delegado del Jurado Electoral Especial y un efectivo policial, procedió con el traslado de los documentos hacia la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de San Juan de Lurigancho. No obstante, al momento de la recepción, el encargado de la ODPE detectó la ausencia de ocho actas, procediendo a informar de inmediato a los entes competentes.
Este suceso no es un hecho aislado, ya que el 16 de abril se registró una situación similar en el distrito de San Borja. En dicha jurisdicción, se reportó el extravío de material electoral en la Escuela Superior Técnico Sencico. Ambos escenarios han generado una alerta máxima entre analistas y autoridades, quienes señalan que la falta de estas actas pone en entredicho la transparencia y legitimidad de todo el ejercicio democrático.
Impacto y peligros de la pérdida de actas
Las actas electorales son piezas fundamentales, pues constituyen el registro oficial de los votos depositados en cada mesa. Su preservación es crítica para asegurar que la voluntad del electorado se traslade con exactitud al cómputo final. Según los lineamientos de la ONPE, estos documentos deben estar bajo una cadena de custodia ininterrumpida desde que se cierra la mesa de votación hasta su arribo a las sedes descentralizadas, involucrando a personal civil y policial.
El abogado constitucionalista Natale Amprimo destacó que la legislación nacional es estricta con la custodia para evitar manipulaciones. El experto explicó lo siguiente:
“En el Perú se eliminan los votos no impugnados para evitar lo que se conocía como ‘anforazo’, que era el cambio de ánforas o la pérdida de votos para luego generar discusión sobre la legitimidad del voto”.
Amprimo advirtió que cualquier falla en estos protocolos abre una ventana peligrosa para litigios legales y dudas sobre la validez de quien resulte electo.
Por su parte, el especialista constitucional Aníbal Quiroga enfatizó que la responsabilidad recae sobre toda la estructura jerárquica de la ONPE. Quiroga demandó medidas urgentes para salvaguardar la segunda vuelta electoral, señalando:
“hay una responsabilidad desde la máxima autoridad en la ONPE hasta el funcionario que dejó abandonado ánforas en un taxi, ya que se trata de material electoral altamente valioso”.
El jurista resaltó que, en un ambiente de alta polarización política, cualquier irregularidad mínima puede socavar la confianza ciudadana en las instituciones.
Marco legal y consecuencias
El ordenamiento jurídico en materia electoral en Perú establece protocolos claros y sanciones para quienes comprometan la integridad de los documentos oficiales. Las investigaciones en curso, lideradas por efectivos policiales, buscan identificar el punto exacto de la falla en la custodia tras la denuncia en Zárate. Simultáneamente, la ONPE ha iniciado una auditoría interna de sus procesos de transporte y registro de material.
Este panorama resulta especialmente sensible debido a la historia de crisis electorales en el país. Los expertos coinciden en que el sistema de custodia se volvió más riguroso precisamente para desterrar prácticas fraudulentas del pasado que empañaban los resultados finales.
La importancia de estas actas es tal que, en elecciones con márgenes estrechos, su pérdida puede ser determinante. La falta de este sustento documental tiene el potencial de anular mesas completas y, en casos de extrema gravedad, forzar la repetición de los comicios en sectores específicos. Además, este tipo de incidentes debilita la imagen del Estado como garante del voto popular y fomenta la judicialización de la política.
Mientras las autoridades intentan esclarecer lo ocurrido en San Borja y San Juan de Lurigancho, el caso se mantiene como una advertencia crítica sobre la necesidad de blindar el sistema. Las acciones que tome la ONPE de cara a la segunda vuelta serán determinantes para asegurar que la decisión soberana de los peruanos sea respetada y contabilizada correctamente.
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