A lo largo de las últimas dos décadas, la administración encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo ha desarrollado una táctica continua orientada a desarticular el periodismo libre en Nicaragua. Este asedio ha provocado que más de 300 comunicadores se vean forzados al exilio y que 61 medios de comunicación dejen de operar, según revela una investigación de la red «Las Exiliadas Nicas», con el respaldo de Reporteros Sin Fronteras (RSF) España.
El documento detalla un plan sistemático del régimen para suprimir cualquier forma de prensa independiente en el país. Durante el acto de presentación en la Asociación de la Prensa de Madrid, Maryórit Guevara, coautora del informe y fundadora del colectivo, calificó la situación de crítica:
“El balance del informe es demoledor: decenas de periodistas en prisión, al menos 61 medios cerrados o confiscados, más de 309 periodistas forzados al exilio y el 65% del territorio nacional sin información independiente”
El evento contó con la participación de Carlos Fernando Chamorro, director del medio Confidencial, quien hoy vive en el exilio tras el cierre de su redacción por orden gubernamental. Chamorro enfatizó que el desplazamiento forzado de periodistas debe ser visto como una condición de largo aliento y no solo como una coyuntura pasajera.
“El exilio no es una situación de emergencia, que es tal y como la tratan los Estados y organizaciones de apoyo a periodistas y defensores de derechos humanos. El exilio es permanente y así debe ser considerado y respaldado. Gracias al periodismo independiente exiliado, los ciudadanos nicaragüenses siguen informados, porque afortunadamente aún disponen de acceso a Internet. El periodismo sí vence a la propaganda”
Por su parte, Edith Rodríguez Cachera, quien ejerce la vicepresidencia de RSF España, hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para poner el foco sobre la crisis nicaragüense. Rodríguez Cachera advirtió que el país centroamericano se encuentra en niveles alarmantes de represión, comparables con los de Afganistán, Irán, China o Corea del Norte. Instó a los profesionales de la comunicación a visibilizar la situación de sus colegas nicaragüenses en la agenda pública europea.
Las cifras de RSF confirman esta regresión, situando a la nación en el puesto 172 de 180 en su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2025, lo que la convierte en uno de los escenarios más hostiles del planeta para la labor informativa.
El desmantelamiento institucional del ecosistema informativo
La investigación coordinada por Reporteros Sin Fronteras resalta que la asfixia a la prensa no ha sido fortuita, sino un proceso planificado desde el año 2006. Datos de la Fundación por la Libertad de Expresión y la Democracia (FLED), con base en Costa Rica, indican que entre 2018 y 2025 se consumó el cierre y la incautación de 61 medios, además de la salida obligada del país de 309 periodistas.
Este fenómeno ha sido posible gracias a la captura de las instituciones estatales y el control absoluto del núcleo Ortega-Murillo. Las herramientas de represión han incluido desde la censura directa y la violencia física hasta el bloqueo económico, la incautación de herramientas de trabajo y la medida extrema de retirar la nacionalidad a los comunicadores.
La persecución ha traspasado las fronteras nicaragüenses, afectando a quienes intentan informar desde Costa Rica, España, Estados Unidos y México. La FLED estima que desde 2018, la cifra global de migración nicaragüense supera las 800.000 personas, siendo el gremio periodístico uno de los grupos más golpeados por el desplazamiento.
Etapas de la represión: De la censura a la criminalización
El análisis identifica cuatro momentos críticos en la ofensiva contra la prensa. El primero, entre 2006 y 2010, se centró en centralizar la narrativa oficial bajo el mando de Rosario Murillo, utilizando la pauta publicitaria estatal como un elemento de control y exclusión para los medios críticos.
Posteriormente, a partir de 2011, el régimen intensificó la compra de medios de comunicación mediante operaciones opacas, presuntamente financiadas con fondos de Venezuela, consolidando un monopolio informativo familiar. Tras el estallido social de 2018, la violencia se recrudeció; solo en ese año se registraron 128 agresiones, entre ellas el crimen contra Ángel Gahona y la toma policial de Confidencial y 100% Noticias.
Para formalizar la persecución, se implementó un marco legal punitivo conocido como la ‘tríada represiva’, compuesta por:
- La Ley de Ciberdelitos.
- La Ley de Agentes Extranjeros.
- La Ley de Soberanía.
Este conjunto de normas ha servido para judicializar la labor periodística y justificar la apatridia. Un caso emblemático es el del diario La Prensa, que tras sufrir bloqueos aduaneros y confiscaciones en 2021, se vio obligado a trasladar toda su operación al formato digital desde el exterior.
Entre 2024 y 2025, reformas a la Constitución y la instauración de una “copresidencia” han terminado por clausurar el pluralismo. Organizaciones como Human Rights Watch denuncian que la ilegalización de más de 5.000 ONG ha eliminado fuentes vitales de información para el periodismo independiente.
Zonas de silencio: El 65% del país sin prensa
La desaparición de medios locales y comunitarios ha generado un vacío informativo sin precedentes. Según FLED y RSF, 11 departamentos de Nicaragua, incluyendo las regiones de la Costa Caribe, son ahora “zonas de silencio”, afectando al 65% del territorio nacional.
Esta carencia de información independiente vulnera el derecho de la ciudadanía a estar informada y debilita la memoria social. Maryórit Guevara advirtió sobre la gravedad de este aislamiento mediático:
“Nicaragua es hoy el único país de América Latina donde por la mañana no circula un periódico impreso. Tampoco se escuchan radios ni operan canales de televisión críticos”
Ante este escenario, la autocensura y el abandono de la profesión se han vuelto mecanismos de supervivencia frente a la denominada desinformación institucionalizada, donde muchas violaciones de derechos humanos no se denuncian por temor a represalias directas.
La vulnerabilidad de las mujeres periodistas
El informe de Las Exiliadas pone especial énfasis en la violencia de género. Las mujeres periodistas en Nicaragua sufren agresiones diferenciadas que incluyen campañas de difamación, ataques sexualizados y el uso de su entorno familiar y su maternidad como herramientas de presión.
Entre 2018 y marzo de 2025, se contabilizaron 730 atropellos contra mujeres del sector, de los cuales el 59,3% fueron ejecutados por agentes estatales. El exilio para ellas es particularmente duro; la FLED indica que 106 periodistas (34,3% de los exiliados) son mujeres, de las cuales el 76% no logra cubrir sus necesidades económicas básicas y un 60% ha considerado retirarse del oficio.
Resistencia informativa desde el exterior
Pese a las condiciones adversas, el periodismo nicaragüense persiste. Actualmente, 26 plataformas informativas operan desde fuera del país, principalmente en Costa Rica y España. Medios como La Lupa Feminista, Nicaragua Investiga, Divergentes, Artículo 66, Confidencial y 100% Noticias mantienen sus operaciones mediante protocolos de seguridad y colaboración digital.
De acuerdo con el JX Fund, este ecosistema digital logró en 2025 más de 1,58 millones de visitas únicas y cuenta con una comunidad de 5,7 millones de seguidores en Facebook. Esta labor es fundamental para documentar los abusos que el régimen intenta ocultar.
La situación queda resumida en las palabras de la periodista Winamba, originaria de la Costa Caribe:
“bajo dictadura, la vida en Nicaragua parece reducirse a tres opciones: la sumisión, la cárcel o el exilio”
A pesar de estar fragmentado, el periodismo de Nicaragua sigue siendo la principal barrera contra la impunidad, respaldado por organismos como la Sociedad Interamericana de Prensa, que continúan denunciando el desplome de las libertades en el país.
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