En una acción coordinada, las administraciones de España, Irlanda y Eslovenia han remitido una solicitud formal a Kaja Kallas, Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior. En la misiva, los tres países demandan la apertura de un debate institucional sobre el Acuerdo de Asociación con Israel, insistiendo en que se deben contemplar «con todas las acciones sobre la mesa», una postura que abre la puerta a la posible suspensión del tratado debido a las políticas ejecutadas por el gobierno de Benjamin Netanyahu.
El documento oficial, al que ha tenido acceso la prensa, cuenta con el respaldo de los cancilleres de las tres naciones, entre ellos el ministro español José Manuel Albares. El envío de esta carta coincide con la preparación del próximo encuentro de ministros de Exteriores de los Veintisiete, programado para llevarse a cabo este martes en la ciudad de Luxemburgo.
Según exponen los diplomáticos, la revisión efectuada el pasado mes de junio sobre el cumplimiento de las obligaciones del artículo 2 del convenio —apartado que condiciona el pacto al respeto absoluto de los Derechos Humanos— ya evidenciaba irregularidades por parte de Israel. Los ministros subrayan que, desde entonces,
«la situación no ha hecho sino deteriorarse»
.
Ante lo que describen como un escenario de violencia extrema, los firmantes mencionan específicamente la crisis en Gaza, Cisjordania y el Líbano. En su análisis, consideran imperativo evaluar la respuesta del bloque europeo, rescatando incluso los planteamientos de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien en septiembre sugirió la posibilidad de una suspensión parcial del vínculo comercial y político.
Llamado a la acción inmediata
España, Irlanda y Eslovenia, países que lideraron el reconocimiento del Estado de Palestina a mediados de 2024, sostienen con firmeza que
«hace falta una acción valiente e inmediata, y todas las acciones deben estar sobre la mesa»
. Esta advertencia sugiere que la interrupción del acuerdo es una opción real, sentenciando que «la UE no puede seguir en los márgenes».
No obstante, la Comisión Europea ha puntualizado recientemente que cualquier resolución encaminada a suspender parcialmente el acuerdo requiere de la unanimidad de los estados miembros. Hasta la fecha, este consenso no se ha materializado entre los Veintisiete, aunque las diversas propuestas continúan bajo análisis técnico y político.
Si Kallas decide integrar esta petición en la agenda oficial, el debate podría arrancar este martes en Luxemburgo. Por otro lado, los mandatarios europeos tienen previsto reunirse el jueves y viernes en Chipre en un consejo de naturaleza informal, lo que impediría la adopción de medidas ejecutivas inmediatas en dicha cita.
Fundamentos para la revisión del acuerdo
En el cuerpo de la carta, los ministros manifiestan su «profunda preocupación» por las tácticas militares y decisiones legislativas del Ejecutivo israelí. Denuncian que ciertas normativas del Parlamento israelí «contravienen los Derechos Humanos y violan el Derecho Internacional y el Derecho Internacional Humanitario», criticando además la negativa de Israel a rectificar estas posturas.
Los representantes diplomáticos apelan a la «responsabilidad moral y política» de la Unión Europea, argumentando que
«la UE no puede seguir estando callada o inactiva ante tales violaciones, por una cuestión de coherencia y por su propia credibilidad»
.
- La implementación de la pena de muerte para terroristas, aplicada de forma selectiva contra palestinos, lo cual vulneraría el artículo 2.
- La «situación insostenible en Gaza», marcada por la ruptura del alto el fuego y el bloqueo de asistencia humanitaria.
- El recrudecimiento de la violencia en Cisjordania por parte de «colonos radicales» y operativos militares.
Finalmente, el texto aborda el conflicto en el Líbano. Aunque saludan el reciente anuncio de una tregua de diez días, exigen a Israel el cese total de operaciones que afectan infraestructuras civiles y que han forzado el desplazamiento de 1,2 millones de libaneses. Asimismo, advierten que la intención declarada de ocupar territorio en el sur del Líbano representa una «violación flagrante del Derecho Internacional» que exige una respuesta contundente del bloque comunitario.
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