La Asamblea Nacional aprobó este 15 de abril de 2026 la Ley Orgánica de Educación Financiera. La norma logró un respaldo político más amplio de lo habitual. Con 88 votos a favor, el oficialismo sumó a legisladores del Partido Social Cristiano (PSC), independientes y un sector de Pachakutik. De su lado, la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), que votó en contra.
La propuesta plantea la incorporación obligatoria y progresiva de la educación financiera en todos los niveles del sistema educativo. Su objetivo central, según el borrador final del proyecto, es modificar hábitos de consumo y fomentar una cultura de manejo responsable del dinero, bajo la premisa de que la población debe aprender a no gastar más de lo que genera.
Desde la RC, el legislador Alejandro Vanegas reconoció durante el debate que el proyecto tiene bases correctas y aplicables. Sin embargo, insistió en que sus efectos serán de largo plazo, con resultados visibles recién en aproximadamente una década.
Una vez aprobado, el proyecto deberá pasar al Ejecutivo para su sanción o eventual veto. Posteriormente, las instituciones educativas y el ente rector de la política financiera tendrán un plazo de un año para diseñar la estrategia de implementación.
La normativa introduce un esquema dual que combina educación formal y no formal. En el sistema educativo —escuelas, colegios y universidades— se incorporarán contenidos financieros de manera progresiva en las mallas curriculares, respetando la autonomía universitaria y la libertad de cátedra.
La presidenta de la Comisión de Educación, Cecilia Baltazar, sostuvo que la propuesta fue construida con aportes de distintas bancadas y especialistas, incorporando enfoques de género, interculturalidad y adaptación a diferentes grupos etarios. Según explicó, la intención es evitar que sectores históricamente excluidos queden fuera de este tipo de formación.
El contenido incluye elementos como:
- Prevención de fraudes electrónicos
- Uso seguro de plataformas digitales y servicios financieros en línea
- Manejo de aplicaciones móviles
- Protección de datos personales y credenciales
- Identificación de riesgos vinculados a tecnologías emergentes, incluida la inteligencia artificial
Además, se establece la necesidad de formar y actualizar de manera continua a los docentes, así como de coordinar contenidos entre el sistema educativo y las entidades del sistema financiero nacional. También se abre la puerta a la participación de instituciones financieras públicas, privadas e incluso extranjeras, lo que introduce un componente de colaboración que no está exento de debate sobre posibles intereses en la formación.
Capacitación fuera del aula y rol del sistema financiero
Más allá del ámbito educativo formal, la ley traslada una parte significativa de la responsabilidad al sistema financiero. Bancos, aseguradoras, entidades de valores y organizaciones vinculadas deberán desarrollar programas de educación no formal dirigidos a la población que no está dentro del sistema educativo.
Este componente apunta especialmente a grupos de atención prioritaria: adultos mayores, poblaciones rurales, migrantes, emprendedores, beneficiarios de programas sociales y actores de la economía popular y solidaria. Las instituciones deberán ejecutar, al menos una vez al año, programas de capacitación en distintos cantones del país.
Los contenidos de estas capacitaciones replican y profundizan los ejes del sistema formal, con énfasis en:
- Prevención de fraudes electrónicos
- Uso seguro de herramientas digitales financieras
- Protección de información personal
- Identificación de riesgos en entornos digitales
- Validación de transacciones y ofertas en línea.
Entre la formación ciudadana y los desafíos de implementación
No obstante, analistas afirman su aplicación abre interrogantes. La incorporación obligatoria en todos los niveles educativos implica un rediseño curricular complejo. Asimismo, el éxito de la ley dependerá de su ejecución efectiva en territorio, particularmente en zonas rurales y sectores históricamente excluidos. La promesa de inclusión, destacada por sus promotores, deberá medirse frente a las brechas estructurales del sistema educativo y financiero.
Radio Pichincha