Una oportunidad sin precedentes se abre para más de 120.000 ciudadanos centroamericanos que residen de forma irregular en España. Este nuevo proceso de regularización extraordinaria, ratificado mediante un real decreto el pasado 14 de abril y con vigencia desde el 16 de abril, se mantendrá activo hasta finales de junio de 2026. La iniciativa busca solventar la situación administrativa de unos 840.000 extranjeros indocumentados, brindando una alternativa legal para transformar la realidad migratoria en el país europeo.
Dentro del grupo de posibles beneficiarios, la mayor presencia corresponde a nacionales de Honduras y Nicaragua, quienes en conjunto suman cerca de 119.000 personas. Las estadísticas del centro de análisis Funcas detallan que la comunidad hondureña alcanza los 90.294 individuos, posicionándose como el tercer colectivo extranjero más grande en situación irregular. Por su parte, los nicaragüenses contabilizan 28.894 personas, una cifra que podría elevarse por encima de las 40.000 al considerar los trámites de asilo que aún están pendientes de resolución.
A esta población se le deben añadir los migrantes oriundos de Guatemala, El Salvador y Panamá. Según las proyecciones basadas en datos del sector, estas tres naciones aportarían aproximadamente 20.000 beneficiarios adicionales al proceso de regularización.
El caso de la población salvadoreña en territorio español destaca por su vertiginoso crecimiento en el último lustro. Actualmente, 37.949 salvadoreños residen en España, un volumen que prácticamente duplica los registros obtenidos en 2019. Los reportes del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2024 sugieren que este flujo no solo responde a necesidades económicas, sino que refleja nuevas dinámicas sociales dentro de la comunidad.
Este incremento representa un alza de 17.591 personas provenientes de El Salvador entre los años 2019 y 2023, pasando de poco más de 20.000 a casi 38.000 habitantes. Este volumen poblacional es comparable al de ciudades salvadoreñas como Antiguo Cuscatlán, La Unión o Sensuntepeque. En términos financieros, el impacto es notable: las remesas enviadas desde la nación ibérica hacia el país centroamericano habrían alcanzado los USD 62 millones en 2025, triplicando los montos registrados hace apenas seis años, según datos del Banco Central de Reserva.
Plan masivo para 500.000 migrantes
La estrategia del Gobierno de España tiene como meta la regularización de hasta 500.000 personas en situación administrativa irregular. Se estima que el 91% de este grupo está compuesto por migrantes latinoamericanos. Para acceder a este beneficio bajo el decreto que inició este 16 de abril, los solicitantes deben cumplir con requisitos estrictos:
- Haber ingresado a territorio español antes del 31 de diciembre de 2025.
- Acreditar una residencia continuada de al menos cinco meses.
- No poseer antecedentes penales de ninguna índole.
- No representar un riesgo para el orden público.
Informes del Instituto Nacional de Estadística y del Observatorio Permanente de la Inmigración confirman que las comunidades de Centroamérica han mantenido un crecimiento constante desde el año 2018. La inestabilidad interna en países como Honduras y Nicaragua ha sido un motor clave para estos desplazamientos, lo que otorga a esta regularización un impacto social de gran envergadura.
En el marco de este proceso excepcional que se habilitó en abril de 2025, España busca formalizar la estancia de extranjeros que cumplan con la fecha límite de ingreso previa a 2026. Es una medida destinada especialmente a los más de 120.000 centroamericanos, predominantemente de origen nicaragüense y hondureño, que enfrentan dificultades legales en el país.
Finalmente, se ha reportado que para el año 2025, el sistema español de reasentamiento permitió la llegada de 800 solicitantes de refugio. De este total, cerca de 500 personas eran de origen nicaragüense y procedían de Costa Rica, lo que subraya la relevancia de las crisis regionales en la configuración de los flujos migratorios actuales hacia Europa.
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