En el marco del tratamiento para segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica de la Eutanasia, la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte recibió los aportes técnicos de delegados del Ministerio de Desarrollo Humano y de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, con el objetivo de fortalecer el enfoque de derechos, la protección social y la seguridad jurídica de la normativa.
En representación de la cartera de Desarrollo Humano, la directora de Provisión y Aseguramiento del Servicio de Protección Especial, Pamela Arias Domínguez, destacó la importancia de abordar esta iniciativa con sensibilidad, responsabilidad institucional y enfoque de derechos.
Entre los principales aportes, el ministerio propuso reforzar la protección integral de grupos vulnerables, especialmente de niñas, niños y adolescentes, mediante la exclusión en la aplicación de procedimientos eutanásicos, en concordancia con el principio del interés superior del niño. Asimismo, planteó incorporar la coordinación obligatoria con los sistemas de protección de derechos y la activación de rutas de protección frente a posibles situaciones de vulnerabilidad.
De igual forma, se recomendó establecer evaluaciones sociales obligatorias dentro del proceso, a fin de garantizar que la decisión de acceder a la eutanasia sea libre de presiones externas, como abandono, violencia, negligencia o carga familiar. En esta línea, se propuso fortalecer los mecanismos de control mediante protocolos que incluyan la evaluación del entorno familiar y la detección de riesgos.
También se sugirieron ajustes en los requisitos y procedimientos, como la incorporación de informes sociales, psicológicos y psiquiátricos diferenciados, así como la revisión de posibles barreras de acceso, como la exigencia de trámites notariales para documentos de voluntad anticipada, que podrían afectar a poblaciones en situación de pobreza.
Por su parte, Andrea Altamirano, de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, presentó observaciones orientadas a garantizar la adecuada gestión de la información y la trazabilidad de los casos. En este sentido, propuso sustituir el término “certificado de defunción” por “informe estadístico de defunción general” y establecer que la eutanasia sea registrada como causa de muerte, con el fin de asegurar estadísticas confiables, evitar subregistros y fortalecer la formulación de políticas públicas.
El presidente de la Comisión, Juan José Reyes, reiteró la política de puertas abiertas del organismo legislativo, invitando a las instituciones y a la ciudadanía a remitir sus observaciones para enriquecer el proceso legislativo.
RSA