El magistrado Ariel Lijo ha dado luz verde a la solicitud presentada por la defensa de Alberto Fernández en el marco de la investigación conocida como la causa de los Seguros. Como consecuencia de esta decisión, el juez ha procedido a citar en calidad de testigos a la otrora secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, así como al exjefe de Gabinete, Santiago Cafiero.
De manera complementaria, la autoridad judicial ha dispuesto la elaboración de un análisis contable detallado por parte del Cuerpo de Peritos especializados en corrupción, perteneciente a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos. El propósito de este informe es determinar con precisión la magnitud del supuesto perjuicio ocasionado a las finanzas del Estado.
Desde el juzgado federal 11, instancia donde Lijo ejerce funciones como subrogante, se han emitido los oficios correspondientes dirigidos a la empresa Nación Seguros S.A.. El requerimiento busca que la firma suministre la totalidad de la documentación necesaria para fundamentar las pericias ordenadas.
Los testimonios clave solicitados por la defensa
La estrategia legal de Alberto Fernández, bajo la dirección de la abogada María Barbitta, contempla una nómina de seis exfuncionarios que prestarán declaración testimonial ante la justicia.
Según el cronograma judicial, este miércoles 15 de abril deberá presentarse Ana Clara Hernández, quien fuera designada como ex secretaria asistente del despacho presidencial en el año 2020.
Posteriormente, el tribunal recibirá a Vilma Ibarra. Su comparecencia tiene como fin esclarecer los pormenores de la redacción del Decreto 823/2021, pieza normativa que se encuentra bajo la lupa judicial por ser presuntamente el instrumento utilizado para el direccionamiento de contratos. Cabe destacar que Ibarra integró el equipo de gobierno de Fernández durante sus cuatro años de gestión.
Para la próxima semana, las citaciones se extienden a Mirta Adriana Guida, exsuperintendenta de Seguros de la Nación, y a Santiago Cafiero, exjefe de Ministros y Canciller. Cafiero deberá aportar detalles sobre las discusiones internas que mantuvieron en el Poder Ejecutivo antes de proceder a la firma del cuestionado decreto.
Hacia finales del mes de abril, la justicia tomará declaración a los principales responsables del área financiera de la administración de Fernández. Los citados para responder sobre las implicaciones de las contrataciones de seguros son el exministro de Economía, Martín Guzmán, y quien fuera presidente del Banco Central, Miguel Pesce.
Antecedentes y sucesión de jueces en el proceso
La tramitación de la causa Seguros se lleva a cabo en el juzgado federal 11, despacho que se encuentra vacante desde el fallecimiento de su titular, Claudio Bonadío.
A partir del ingreso de la denuncia en los tribunales de Comodoro Py, la causa ha pasado por las manos de tres magistrados subrogantes distintos:
- El primero en intervenir fue Julian Ercolini, quien realizó la indagatoria a Alberto Fernández, aunque no llegó a emitir un auto de procesamiento. Este periodo estuvo marcado por los intentos del exmandatario de apartar al juez, argumentando formalmente que es “su enemigo público”, petición que no obtuvo una resolución favorable en la Cámara Federal de Casación.
- El año pasado, la subrogancia fue asumida por Sebastián Casanello. Tras otorgar una ampliación de indagatoria, Casanello decidió procesar al expresidente por presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
- Finalmente, este año el juez Ariel Lijo tomó la suplencia del juzgado, optando por aceptar la incorporación de las nuevas pruebas testimoniales que propuso la defensa.
El núcleo de la investigación judicial
La hipótesis principal que maneja el expediente sostiene que, a través del decreto 823/2021, Alberto Fernández estableció que la compañía Nación Seguros S.A. centralizara la designación discrecional de intermediarios y de aseguradoras privadas, omitiendo los procesos de selección estipulados por la ley.
En su momento, el juez Casanello determinó que el nombramiento de María Cantero como secretaria privada ejecutiva de la Presidencia fue aprovechado como una coyuntura para expandir los negocios de su círculo familiar. La investigación apunta a que se gestionaron, de forma directa o indirecta, contrataciones estatales en su propio beneficio.
Entre los beneficiarios centrales señalados por la justicia figuran el broker y amigo cercano de Fernández, Héctor Martínez Sosa; su cónyuge María Cantero; y el anterior titular de Nación Seguros S.A., Alberto Pagliano.
En la actualidad, el expediente se encuentra en la instancia de Casación debido a que el expresidente ha solicitado la revocación de su procesamiento. Durante una audiencia oral y pública, Fernández sostuvo que se le acusa de hechos sobre los cuales no fue previamente indagado.
Una vez completado este procedimiento, los jueces que integran la Sala IV del tribunal de Casación estarán en posición de emitir una resolución en un plazo máximo de 20 días.
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