La República de Vanuatu, un archipiélago de naturaleza volcánica situado en la región de Oceanía, ha ejecutado una política de “tolerancia cero” contra tres navíos pesqueros de origen chino. Estas embarcaciones, que operaban amparadas bajo su bandera, fueron sancionadas recientemente por la Prefectura Nacional Argentina y la Subsecretaría de Recursos Acuáticos debido a actividades de pesca ilegal en el Atlántico Sur, enfrentando multas económicas que, en uno de los casos, ascendieron a casi un millón de dólares.
De manera específica, el registro internacional de buques de la nación oceánica procedió a la eliminación de las unidades pesqueras Bao Feng, Hai Xing 2 y Bao Win. Estas naves fueron identificadas realizando actividades de “pesca ilegal, no declarada y no reglamentada” (INDNR) entre los meses de enero y marzo dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), sobrepasando el límite de las 200 millas marinas correspondientes a la soberanía marítima de dicho país.
“Vanuatu está tomando medidas para proteger su reputación internacional, al eliminar tres embarcaciones pesqueras de su registro nacional después de que los barcos fueran multados por pesca ilegal en el Atlántico Sur por las autoridades argentinas”
Así lo consignó el medio Island Business, citando a Saade Makhlouf, quien lidera el Registro de Pesca de Vanuatu. El funcionario fue enfático al declarar:
“Vanuatu toma en serio los riesgos de pesca INDNR, y las embarcaciones que expongan la bandera a riesgos regulatorios o reputacionales repetidos no podrán permanecer bajo el registro”
.
El reporte oficial indica que, tras detectarse los ilícitos de los buques chinos en territorio argentino, Makhlouf intervino con determinación. Se aplicaron normativas estrictas que incluyen el reporte de incidentes en un plazo máximo de 24 horas, la obligatoriedad de revelar quiénes son los propietarios reales de las naves y la necesidad de una aprobación previa para cualquier embarcación que pretenda utilizar el pabellón de Vanuatu.
Los antecedentes de estas naves ya habían generado ecos en la prensa internacional desde principios de año. En enero, el medio Daily Post Digital reportó la primera incursión ilegal del Bao Feng. Este mismo buque reincidió en sus acciones en marzo, lo que derivó en una sanción económica de 1.262 millones de pesos por parte de las autoridades argentinas.
Aunque los tres barcos sancionados contaban con un pabellón extranjero, su construcción, propiedad y financiamiento provienen directamente de China, operando bajo lo que se conoce como “bandera de conveniencia”. Milko Schvartzman, experto en asuntos marinos del Círculo de Políticas Ambientales (CPA), calificó la respuesta de Vanuatu como un “caso histórico”. Según el especialista, el dueño de estas embarcaciones está vinculado a estructuras offshore que figuran en las listas del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Las indagaciones del ICIJ revelan una compleja y opaca red corporativa detrás de los pesqueros. La firma propietaria es Hai Shun Shipping Co, dirigida por el ciudadano chino Yue Xijedong. Originalmente, esta empresa se registró bajo la titularidad de un holding de inversiones con sede en Samoa, donde Yue figura como accionista principal.
Un dato alarmante es la rapidez con la que reaccionó la empresa ante la sanción: tras perder el respaldo de Vanuatu, los tres buques fueron registrados de forma inmediata bajo la bandera de Tanzania. Esta maniobra busca evitar que las naves queden en condición de apátridas en alta mar.
Schvartzman confirmó esta transición mediante el seguimiento de datos técnicos. Aunque el número de registro de la Organización Marítima Internacional (IMO) de los buques se mantuvo inalterable, las naves cambiaron su MMSI (Identidad del Servicio Móvil Marítimo), un código de nueve cifras que varía según el país donde esté registrada la embarcación. Este cambio es vital para las empresas, ya que un barco sin bandera puede ser interceptado por la autoridad marítima de cualquier nación costera.
Actualmente, el gigante asiático posee la flota de pesca de “aguas distantes” más grande y agresiva del planeta, con más de 3.000 unidades distribuidas en todos los océanos. Paralelamente, el gobierno chino busca posicionarse como sede de un nuevo organismo de la ONU para la protección de la biodiversidad marina en alta mar (BBNJ), compitiendo con las candidaturas de Bélgica y Chile.
El zorro a cargo del gallinero
En encuentros recientes celebrados en Nueva York, con miras a la cumbre de marzo de 2027, China ha ofrecido incentivos considerables para obtener la sede del organismo, incluyendo inmunidad diplomática para los funcionarios internacionales y un presupuesto robusto. No obstante, diversos analistas ven con escepticismo que el país con mayor actividad pesquera global controle la entidad encargada de preservar el 43% de la superficie terrestre.
En el ámbito local, durante la gestión de Diana Mondino como canciller, Argentina suscribió el acuerdo de la ONU, que ya tiene vigencia internacional. Sin embargo, el Poder Ejecutivo aún no ha remitido el documento al Congreso para su ratificación legislativa definitiva.
Estudios previos de la Prefectura revelaron la presencia de 418 buques chinos con su bandera original en el límite del Mar Argentino, además de 28 naves con pabellón de Vanuatu. Se ha detectado que estas empresas también utilizan banderas de países como Camerún y Mongolia para encubrir sus operaciones.
El especialista Schvartzman logró rastrear al menos 10 barcos de capitales chinos que se ocultaban bajo banderas de Vanuatu y Camerún, señalando que estas naves son las que con mayor frecuencia realizan incursiones ilegales en la ZEEA. La magnitud de esta flota es tal que su actividad nocturna, marcada por potentes luces para capturar calamar, crea el efecto de “ciudades flotantes”.
Esta intensidad lumínica es tan potente que fue captada desde el espacio por la cápsula Orión de la misión Artemis II, la cual regresó a la Tierra recientemente tras documentar la presencia de estas flotas desde cientos de miles de kilómetros de distancia.
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