La posibilidad de iniciar una causa penal contra la asambleísta Mónica Palacios, de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), nuevamente pasa a manos de la Asamblea Nacional. El juez Felipe Córdova Ochoa, de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, solicitó al Legislativo el levantamiento de su inmunidad parlamentaria, requisito indispensable para procesarla por una querella de presunta calumnia presentada por la ciudadana Cynthia Gellibert Mora.
Una publicación en redes
El origen del conflicto se remonta al 13 de enero de 2026. Ese día, desde la cuenta de X atribuida a la legisladora se difundió un mensaje dirigido de forma explícita a Gellibert. En esa publicación se le atribuyen conductas como mantener a una trabajadora doméstica sin afiliación al IESS, así como presuntas irregularidades en la adquisición de 93 hectáreas de terreno municipal, vinculadas —según el mensaje— a influencias políticas y prácticas de “testaferrismo” y “corrupción”.
Para la querellante, el contenido constituye una imputación directa de delitos. En su escrito, sostiene que el mensaje fue redactado en tono categórico, con afirmaciones explícitas y sin matices de duda, individualizando a la persona, describiendo mecanismos y asociando los hechos a conductas penalmente sancionadas. Además, enfatiza que la publicación se difundió en una red social de acceso masivo, con herramientas que amplificaron su alcance.
Asimismo, Gellibert rechaza haber incurrido en uso de terceros como testaferros, en tráfico de influencias o en cualquier operación irregular relacionada con la compra de terrenos municipales. También cuestiona que la legisladora no haya acudido a instancias institucionales para denunciar los hechos, optando por trasladar la acusación al espacio digital.
La querella se fundamenta en el artículo 182 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona la falsa imputación de un delito. La demandante sostiene que la acción es oportuna, ya que el hecho ocurrió dentro del plazo legal vigente para este tipo de procesos.
Debido a la condición de asambleísta de Palacios, el proceso no puede avanzar sin autorización previa del Legislativo. La solicitud del juez Córdova, remitida el 24 de marzo de 2026 al presidente de la Asamblea, Niels Olsen, se encuentra actualmente en análisis. El procedimiento contempla un informe de la Unidad Técnica Legislativa, seguido de un pronunciamiento del Consejo de Administración Legislativa (CAL). Y, finalmente, una decisión del Pleno.
En paralelo, la querellante solicita que, en caso de sentencia condenatoria, se imponga una pena de dos años de prisión, además de medidas de reparación integral:
- Disculpas públicas en la misma cuenta de X
- Eliminación del contenido cuestionado
- Difusión de la parte resolutiva del fallo
- El pago de USD 20.000 por daño moral.
- Radio Pichincha