La Asamblea Nacional inició el segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica de Educación Financiera, con base en el informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, que impulsa esta iniciativa. De conformidad con el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a solicitud de la legisladora ponente Cecilia Baltazar, el trámite fue suspendido hasta contar con el texto final que incorpore los cambios sugeridos durante la sesión del Pleno.
Esta normativa constituye un hito en el sistema educativo ecuatoriano, al incorporar de forma obligatoria y progresiva la educación financiera en todos los niveles de enseñanza, desde la educación inicial hasta la superior, e incluir también al sistema intercultural, la etnoeducación y la escolaridad inconclusa.
La presidenta de la Comisión, la asambleísta Baltazar, resaltó: “Esta ley no se limita a incorporar un nuevo contenido educativo. Su verdadero alcance es mayor: busca democratizar el conocimiento financiero para que deje de ser un privilegio y se convierta en una herramienta útil para la vida cotidiana, la prevención de riesgos y la construcción de una mayor autonomía económica”, aseguró.
El informe señala que el objetivo es formar ciudadanos con capacidades para tomar decisiones económicas responsables, fomentar el ahorro, promover la inversión y prevenir el sobreendeudamiento, contribuyendo así al bienestar financiero individual y a la estabilidad del sistema económico nacional.
La normativa establece que la educación financiera será un eje transversal dentro del currículo educativo, adaptado a las realidades sociales, culturales y territoriales del país. Además, incorpora un enfoque intercultural y de género orientado a grupos de atención prioritaria, garantizando su pertinencia en contextos diversos, incluidos pueblos y nacionalidades.
Entre sus principales disposiciones, la ley encarga a la Autoridad Educativa Nacional y a las entidades rectoras de la educación superior la elaboración de una estrategia nacional de educación financiera, que deberá implementarse en coordinación con el sector financiero. Asimismo, se establece la capacitación continua de docentes y el desarrollo de contenidos pedagógicos prácticos y contextualizados.
El sistema financiero, tanto público como privado, también tendrá un rol activo en la ejecución de programas de educación financiera no formal, especialmente dirigidos a poblaciones vulnerables, zonas rurales, emprendedores, migrantes y actores de la economía popular y solidaria. Estas acciones deberán realizarse sin fines comerciales y con un enfoque educativo.
La ley contempla mecanismos de evaluación periódica para medir el impacto de las políticas implementadas, con revisiones cada tres años que permitirán ajustar y fortalecer las estrategias de inclusión financiera.
Adicionalmente, se introducen reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural y al Código Orgánico Monetario y Financiero, consolidando la educación financiera como política pública y herramienta clave para el desarrollo económico y social.
Además, se precisa que la ley no crea nuevas entidades ni impone obligaciones que demanden recursos públicos adicionales, sino que se articula con el marco educativo vigente y con la estructura operativa y administrativa del ente rector de la educación en el país.
JC