En medio de la expansión del crimen transnacional, el Ministerio de Defensa oficializó el “Plan Estratégico Institucional (PEI) de la Defensa 2025-2029”.
Este documento no solo es un instrumento administrativo, sino un diagnóstico de las vulnerabilidades que aquejan a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y una estrategia ambiciosa para modernizar el sistema de defensa nacional.
El informe técnico que sustenta el plan advierte que el Estado ecuatoriano atraviesa una convergencia de riesgos sin precedentes. La principal amenaza identificada es el crimen organizado transnacional, que junto con el terrorismo, la explotación ilegal de recursos naturales y los ciberataques a infraestructuras críticas, demanda una respuesta estatal robusta y coordinada.
El documento señala que el país se encuentra actualmente en un Conflicto Armado No Internacional (CANI), lo que forzó un despliegue extraordinario de recursos para neutralizar a grupos armados organizados y recuperar territorios controlados por economías ilícitas. Esta situación, según el análisis situacional, genera una “presión sobre el flujo de caja fiscal”, limitando la ejecución de otros programas de inversión.
Lucha contra el tiempo y el presupuesto
A pesar del compromiso operativo, el diagnóstico institucional revela debilidades críticas que comprometen la efectividad a largo plazo de las FF.AA.:
- Obsolescencia técnica: El armamento, vehículos, aeronaves y embarcaciones presentan diversos niveles de deterioro y falta de mantenimiento.
- Déficit de personal: Existe una falta de personal militar profesional para cumplir con todas las misiones fundamentales y complementarias, lo que obliga a depender de la reserva activa para completar los orgánicos.
- Restricciones presupuestarias: El presupuesto para gasto no permanente (inversión en nuevas capacidades) ha sufrido reducciones, lo que ha generado un “lento crecimiento de las capacidades operativas” desde 2021.
- Dependencia tecnológica: La institución enfrenta un rezago en sistemas de vigilancia e interoperabilidad, manteniendo una alta dependencia de logística y tecnología extranjera.
En este contexto, el ministro Gian Carlo Loffredo enfatizó en la resolución oficial que este documento identifica las estrategias para enfrentar estos “desafíos persistentes, como la obsolescencia de medios, restricciones presupuestarias y limitaciones de interoperabilidad”.
Soluciones
Para revertir estas debilidades, el ministerio estableció cinco objetivos estratégicos institucionales que guiarán la gestión hasta el año 2029:
- Modernización y capacidad estratégica: Se busca transformar la organización en una fuerza “altamente disuasiva, polivalente, multimisión e interoperable”. Para ello, el plan contempla la recuperación de capacidades operativas mediante proyectos de inversión específicos, como la adquisición de aeronaves de entrenamiento y el fortalecimiento de la ciberdefensa.
- Anticipación estratégica: Una de las metas principales es implementar mecanismos que permitan al mando militar tomar decisiones antes de que las amenazas se materialicen.
- Autonomía tecnológica (I+D+i+P): El plan apuesta por fortalecer la articulación entre el Estado, la academia y la industria de la defensa para reducir la dependencia externa y generar soluciones propias en defensa y seguridad.
- Control del territorio y autoridades: Se incrementará el control en áreas vulnerables y fronteras, potenciando la gestión de la autoridad marítima, aérea y el control de armas.
- Sostenibilidad financiera: El plan propone buscar esquemas de financiamiento que incluyan, además del presupuesto estatal, alianzas público-privadas, cooperación internacional y donaciones.
La meta final para el año 2029 es que la Defensa Nacional sea un referente de “anticipación estratégica e interoperabilidad”. Según el plan, la modernización no es solo una cuestión de equipos, sino de supervivencia institucional.