Este lunes 6 de abril de 2026, el caso Celu registró su primer sentenciado luego de que Luis Miño, exdirector de responsabilidades de la Contraloría General del Estado, durante la gestión de Pablo Celi, reconociera su participación en el delito de tráfico de influencias.
El exfuncionario se acogió al procedimiento abreviado y recibió una condena de 12 meses de privación de libertad.
Durante la audiencia realizada en la Corte Nacional de Justicia, Miño admitió haber facilitado el desvanecimiento de una glosa de aproximadamente USD 111 millones que pesaba sobre una operadora de telefonía celular privada.
En su testimonio, el ahora sentenciado aseguró que actuó bajo la coacción del excontralor Pablo Celi, quien presuntamente le ordenó eliminar dicha responsabilidad civil de forma inmediata y sin revisión previa, bajo la amenaza de suprimir su partida presupuestaria.
Miño, quien se encontraba prófugo hasta su captura en diciembre de 2025, decidió cooperar con la justicia y fue ingresado al programa de testigos protegidos. Según las investigaciones de la Fiscalía, el exdirector ejerció presión sobre sus subalternos para concretar el desvanecimiento administrativo que favoreció directamente a la empresa Conecel (Claro).
El excontralor Pablo Celi también se encuentra procesado en este caso por presunto tráfico de influencias. No obstante, su audiencia fue diferida y, por el momento, no ha recibido sentencia por estos hechos específicos.
Actualmente, Celi cumple arresto domiciliario debido a que supera los 65 años de edad y ya cuenta con una condena previa de 13 años de cárcel como autor del delito de delincuencia organizada en el caso Las Torres, el cual también involucraba una red de corrupción para el desvanecimiento de glosas.