Durante las primeras horas del lunes 6 de abril de 2026, trascendió que la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes ha determinado iniciar una indagación preliminar que involucra directamente al primer mandatario, Gustavo Petro. Este proceso surge a raíz del escándalo derivado de las supuestas interceptaciones ilegales a las comunicaciones privadas del actual aspirante a la presidencia, Abelardo De La Espriella.
La conducción de este sensible expediente ha sido asignada a la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta. La legisladora es integrante del Pacto Histórico, coalición política vinculada al actual Gobierno nacional, y ejerce funciones como presidenta de la mencionada corporación legislativa. La decisión de abrir este proceso se fundamenta en las querellas formales interpuestas por el equipo jurídico del político afectado, quienes alegan una violación ilícita de comunicaciones.
Procedimiento legislativo y fechas clave
Según los cronogramas establecidos en el órgano legislativo, el expediente entrará en la fase de reparto oficial este martes 6 de abril de 2026. Esta acción administrativa coincide con el retorno de las labores parlamentarias en el Congreso tras el receso correspondiente a la Semana Santa.
La denuncia específica que será analizada con detenimiento por la Comisión de Acusaciones corresponde a la acción interpuesta por el jurista Germán Calderón España, quien actúa como representante legal de Abelardo de la Espriella. La acción legal no solo señala al Jefe de Estado, sino que también involucra a diversos funcionarios, aún sin identificar plenamente, pertenecientes a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Contexto y origen de la controversia
El foco de la disputa se remonta a declaraciones emitidas por el propio Gustavo Petro. El mandatario nacional aludió públicamente al contenido de presuntos reportes de inteligencia que intentarían vincular a De La Espriella con los hermanos Bautista, quienes son socios de la firma Thomas Greg & Sons. Dichos señalamientos estarían relacionados directamente con la controversia en torno a la gestión y contratos de los pasaportes.
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