La Comisión de Seguridad Integral, en el marco del tratamiento del informe para segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica que regula el apoyo complementario y subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, recibió las observaciones del general en servicio pasivo y exalcalde de Quito, Paco Moncayo.
Durante su intervención, Moncayo advirtió que la Constitución de 2008 presenta ambigüedades en conceptos clave, como seguridad integral, seguridad humana y las funciones de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, lo que ha generado confusión en la aplicación de políticas públicas.
El general enfatizó que Ecuador enfrenta actualmente un contexto de amenazas híbridas vinculadas al crimen organizado transnacional, que operan en múltiples dimensiones, incluido el ciberespacio, configurando un conflicto de alta intensidad que requiere respuestas integrales del Estado. En este sentido, observó que el proyecto de ley mantiene enfoques tradicionales y advirtió que, de no actualizarse, se corre el riesgo de aprobar normas propias del siglo pasado frente a realidades actuales.
Aclaró que el rol de las Fuerzas Armadas es de apoyo complementario a la Policía Nacional. También identificó inconsistencias en el articulado del proyecto, entre ellas, el uso inadecuado de términos jurídicos, problemas en la definición de principios, limitaciones operativas poco realistas y errores en la cadena de mando, destacando que la conducción debe mantenerse en el ámbito civil.
De igual forma, subrayó la importancia de fortalecer la coordinación entre militares y policías y garantizar seguridad jurídica para los uniformados, sin descuidar el respeto a los derechos humanos. Concluyó que el país requiere leyes coherentes, aplicables y alineadas con los desafíos actuales para enfrentar la crisis de seguridad.
En otro punto, se recibió al Gral. Fausto Íñiguez, subcomandante general de la Policía Nacional; al My. Gustavo Gutiérrez; y al Sgto. Santiago Pavón, a quienes se entregó la resolución de la comisión mediante la cual se felicitó y reconoció públicamente el accionar de los tres miembros de la institución policial por su intervención, que permitió frustrar un intento de secuestro en la ciudad de Machala, provincia de El Oro.
“Nuestro más profundo agradecimiento y reconocimiento a los servidores policiales que, con valentía, honor y un firme sentido del deber, actuaron con decisión frente a situaciones de alto riesgo, incluso poniendo en peligro sus propias vidas para proteger a la ciudadanía”, señaló la presidenta de la Comisión de Seguridad, Inés Alarcón.
Finalmente, con siete votos afirmativos, se aprobó el informe para primer debate del Proyecto de Ley Interpretativa a la Disposición General Undécima del Proyecto de Ley Orgánica del Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas, para acoger a los militares retirados en 2019, 2020, 2021 y 2022, en el que se recomienda el archivo de la propuesta.
Esta decisión se fundamenta en que la iniciativa es jurídicamente improcedente, pues pretende crear o restituir un beneficio económico inexistente. Asimismo, vulnera el principio de irretroactividad de las normas e incurre en vicios de inconstitucionalidad de forma y de fondo.
Por tanto, contradice lo dispuesto en el artículo 135 de la Constitución, que establece que únicamente la Presidenta o el Presidente de la República pueden presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o incrementen el gasto público.
JC-AM