El oficialismo reactivará en el Pleno de la Asamblea Nacional dos proyectos considerados estratégicos que no lograron someterse a votación en el arranque del segundo debate: la ley económica urgente sobre vivienda de interés social y la reforma a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (Lootugs). Ambos textos llegan nuevamente al hemiciclo sin cambios de fondo, en medio de críticas por su impacto en la autonomía local y el modelo de planificación territorial.
El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, convocó a dos sesiones para el lunes 30 de marzo de 2026. Como parte de la estrategia política, el Legislativo volverá a sesionar fuera de Quito y trasladará el debate a Machala. Con esta medida, el oficialismo traslada el debate fuera de Quito en la búsqueda de asegurar los votos necesarios para destrabar ambas iniciativas.
Afectación a los GAD, destitución a alcaldes y expansión urbana
Una de las sesiones está dedicada a la reforma a la Lootugs, cuyo informe final fue aprobado la mañana del 28 de marzo por la Comisión de Gobiernos Autónomos. Aunque se introdujeron seis modificaciones, estas no alteran la estructura central del proyecto ni responden a las observaciones planteadas durante el segundo debate. Entre las alertas que introduce esta norma son:
- Consolidan mecanismos que restringen la planificación municipal.
- Amplían la expansión urbana.
- Concentran decisiones en el Ejecutivo y en la Superintendencia de Ordenamiento Territorial (SOT).
Las críticas se mantienen desde distintos bloques. El asambleísta Manuel Choro advirtió que sus propuestas no fueron incorporadas y sostuvo que el texto sigue afectando la autonomía de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
En la misma línea, Xavier Lasso cuestionó que se mantengan intactas las atribuciones ampliadas de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial (SOT) con capacidad para activar la destitución de autoridades locales cuando considere que incumplieron las normas establecidas en las reformas del proyecto económico.
Según el legislador, este mecanismo permite al Ejecutivo incidir directamente en la planificación del uso de suelo, una competencia que, en teoría, corresponde exclusivamente a los municipios. La falta de ajustes refuerza la percepción de que el texto prioriza la centralización de decisiones sobre el fortalecimiento de la gestión territorial local.
Radio Pichincha te cuenta todas las alertas de esta polémica reforma en la siguiente nota:
En una segunda sesión, el Pleno retomará el tratamiento del proyecto económico urgente enfocado en vivienda de interés social, que plantea un esquema de incentivos fiscales para promover la participación del sector privado. El informe final establece una diferenciación entre dos segmentos de beneficiarios.
- En el primero, conforme al Reglamento de Vivienda de Interés Social e Interés Público, los contribuyentes que donen viviendas al Estado podrán acceder a una rebaja del 100% del valor donado, con un tope equivalente al 30% del impuesto a la renta causado en el ejercicio fiscal correspondiente, sin derecho a devolución.
- El proyecto extiende este beneficio a quienes aporten el monto correspondiente al subsidio parcial estatal destinado al financiamiento de viviendas del segundo segmento. Con esto, el esquema no solo incentiva la donación directa de inmuebles, también promueve aportes financieros que complementen la política pública de vivienda.
Radio Pichincha te cuenta los detalles de esta ley urgente:
A diferencia de otros proyectos, estas iniciativas no alcanzaron siquiera la fase de votación en el primer intento. El bloque oficialista ADN no cuenta con una mayoría consolidada y depende del respaldo de asambleístas independientes y aliados circunstanciales.
Las tensiones son evidentes incluso dentro de ese espectro. Durante el debate de la reforma territorial, el legislador Fernando Nantipia —considerado cercano al oficialismo— cuestionó la ausencia de un artículo que obligue a incorporar los planes de vida de comunidades y pueblos indígenas en la planificación territorial.
Esa propuesta no fue recogida en el informe final aprobado por la Comisión. Esto introduce incertidumbre sobre el voto de los tres asambleístas ex Pachakutik que han respaldado al Gobierno en otras votaciones. Sin ese apoyo, el oficialismo enfrenta dificultades para alcanzar los al menos 77 votos requeridos para aprobar ambas leyes.
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