En un reciente pronunciamiento, el Ministerio del Poder Popular de Hidrocarburos de Venezuela puso de relieve que la industria del petróleo, el gas y la petroquímica ha sido responsable del 74 por ciento de las exportaciones totales de la nación durante la última década. Estas cifras, contenidas en un comunicado oficial, sirven de base para que el Ejecutivo manifieste su oposición radical a las sugerencias de privatización del aparato energético nacional emitidas por la dirigente opositora María Corina Machado.
La propuesta de apertura total
Los reportes indican que Machado aprovechó una plataforma en Estados Unidos para exponer ante inversionistas norteamericanos un proyecto de reestructuración energética. Su planteamiento central sugiere que el Estado venezolano renuncie a su rol operativo y de control sobre los hidrocarburos, permitiendo una transición hacia la privatización absoluta. Bajo este esquema, el Gobierno se limitaría únicamente a labores de regulación, supervisión de transparencia y fomento de inversiones a largo plazo. Al respecto, la dirigente manifestó:
“El Estado venezolano se quitará de en medio y allanará el camino para dar las condiciones necesarias para que el sector sea totalmente privado”
Reacción del Gobierno y acusaciones
La respuesta de la cartera de Hidrocarburos no se hizo esperar. Este miércoles, la institución emitió un texto donde describe a Machado como una “vocera del extremismo venezolano”, acusándola de intentar comercializar la infraestructura energética del país con el capital privado extranjero como si fuera un bien personal, a pesar de no poseer ninguna representación institucional. Aunque no se menciona explícitamente su nombre en el documento, el oficialismo vinculó su figura con gestiones previas para solicitar sanciones, agresiones e intervenciones externas. Asimismo, señalaron su responsabilidad en acciones que, según el Gobierno, “enlutaron a cientos de familias venezolanas”, tildando sus planteamientos de “ilegales” y con una actitud “antinacional”.
Desde la perspectiva ministerial, la explotación de recursos energéticos representa el “patrimonio irrenunciable de todo el pueblo venezolano”. El organismo recordó que la Constitución Nacional consagra el carácter intransferible de la propiedad sobre estos sectores estratégicos. No obstante, el comunicado también resaltó la existencia de “importantes alianzas” que ya se han concretado con empresas internacionales para impulsar la producción y el desarrollo económico nacional sin ceder la soberanía de los recursos.
Contexto diplomático e internacional
Esta disputa ocurre simultáneamente con el anuncio de acercamientos entre autoridades de Estados Unidos y el sector empresarial global. Laura Dogu, quien se desempeña como encargada de negocios de la Embajada de EE. UU. en Venezuela, sostuvo una reunión con inversores de su país donde enfatizó la relevancia del capital privado para el futuro económico. Dogu puntualizó:
“el sector privado [de su país] desempeñará un papel fundamental en la construcción de una Venezuela estable y próspera”
Además, a través de plataformas digitales, la funcionaria diplomática recalcó el compromiso de su oficina con el crecimiento financiero al declarar:
“Estamos aquí para apoyar el crecimiento de la inversión estadounidense”
Conflicto de visiones sobre el petróleo
El Ministerio reiteró que la iniciativa de la oposición es un acto de “demagogia” que ignora los mandatos legales vigentes en el país. Sostuvieron que cualquier intento de transferir la propiedad de los recursos energéticos es nulo, dado que el Estado debe mantener su protagonismo central en la gestión de los hidrocarburos por mandato constitucional.
El escenario actual, marcado por la propuesta de María Corina Machado, la firme negativa de la administración de Nicolás Maduro y el respaldo diplomático estadounidense a sus propios inversores, evidencia una profunda brecha sobre el modelo económico de Venezuela. Se enfrentan dos posturas irreconciliables: una que aboga por la liberalización absoluta del mercado energético y otra que defiende la titularidad pública de los recursos en un contexto de dependencia económica y presiones internacionales.
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