La Comisión Especial del Congreso Nacional de Honduras llevó a cabo una comparecencia pública determinante que podría sellar el destino del juicio político contra Johel Zelaya, fiscal general actualmente suspendido. Durante la jornada, se presentaron testimonios que sugieren una gestión plagada de irregularidades, presuntos abusos de autoridad y una preocupante falta de independencia dentro del Ministerio Público.
Testimonios sobre manipulación y bloqueos administrativos
En el marco de esta sesión, los legisladores escucharon a siete ciudadanos cuyas declaraciones expusieron un panorama de presiones laborales, manipulación de procesos administrativos y posibles represalias judiciales. Uno de los primeros en testificar fue Raúl Amílcar Rivera Montoya, quien denunció haber sido responsabilizado de forma injusta por demoras en la entrega de urnas durante los comicios del pasado 30 de noviembre, una situación que, según explicó, derivó de decisiones operativas ajenas a su competencia.
Rivera Montoya subrayó que el propio Johel Zelaya le impidió el acceso a documentación vital para organizar su defensa legal, lo que limitó severamente su derecho a desvirtuar los señalamientos en su contra. Por su parte, el fiscal auxiliar Fabricio Perdomo argumentó ante la Comisión que los atropellos atribuidos al fiscal suspendido no son hechos aislados, sino que podrían constituir una práctica estructural y sistemática dentro de la institución.
Esta audiencia ha sido catalogada por los parlamentarios como un
“punto de inflexión”
debido a la gravedad de los relatos, los cuales no solo exponen casos particulares, sino que ponen en duda la transparencia de la justicia hondureña y la legitimidad del ente encargado de la persecución penal en el país.
Acusaciones de persecución y falta de pruebas
Otro de los testimonios clave fue el de Antonio Kattán, quien participó de manera telemática desde su arresto domiciliario. Kattán, procesado bajo la acusación de planear un atentado contra el expresidente Manuel Zelaya, negó rotundamente los cargos y aseguró que el proceso carece de sustento jurídico real. Según sus palabras, esta acción legal ha provocado
“un impacto devastador en su vida personal y familiar”
.
El fiscal Fabricio Perdomo reafirmó que el suspendido fiscal general incurrió en “faltas graves” de carácter laboral. Estas declaraciones refuerzan la tesis de los investigadores sobre un patrón de conducta irregular que habría afectado la operatividad interna del Ministerio Público.
Asimismo, Dennis Emilio Hércules Rosa compareció para denunciar irregularidades ligadas a procesos judiciales tras las elecciones primarias de 2025. Hércules Rosa sostuvo que existe una justicia selectiva, donde se le procesó sin evidencias sólidas mientras que otros actores con responsabilidades directas fueron omitidos de las investigaciones.
Amenazas directas y traslados injustificados
Entre los relatos más impactantes se encuentra el de la fiscal Claudia Zenaida Paz Hernández, quien denunció haber sido víctima de amenazas y represalias por no ceder a presiones externas. Paz Hernández relató que fue removida de su puesto tras negarse a modificar un requerimiento fiscal relacionado con Adán Funes, exalcalde de Tocoa. La funcionaria enfatizó que su decisión se basó exclusivamente en criterios técnicos y que su autonomía fue vulnerada por la jerarquía de la institución.
Finalmente, el fiscal Ricardo Adolfo Zavala expuso una serie de prácticas administrativas que calificó como abusivas. Mencionó que se han realizado traslados y aplicado sanciones sin motivación legal, funcionando como herramientas de coacción contra los empleados. Zavala detalló que se vive
“un ambiente laboral marcado por la incertidumbre y la ausencia de garantías”
, lo que coincide con lo expuesto por los demás comparecientes.
El análisis de estas pruebas será fundamental para que la Comisión Especial dictamine si existen los elementos jurídicos necesarios para proceder con la destitución definitiva de Johel Zelaya. El proceso ahora entra en una fase crítica donde se evaluará la veracidad de cada denuncia y su impacto en la integridad del sistema judicial de Honduras, en medio de una creciente demanda social por transparencia e independencia en la fiscalía.
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