El asambleísta Xavier Ordóñez presentó el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, con el objetivo de transformar este ámbito en una obligación estructural del Estado, alineada con los mandatos constitucionales, los estándares internacionales de derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La propuesta está encaminada a prevenir, erradicar y reparar la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes en todas sus formas. Incluye también aquellas situaciones que constituyen formas contemporáneas de esclavitud, servidumbre o explotación laboral estructural.
Plantea superar el enfoque tradicional que ha tratado esta problemática como una política sectorial, estableciendo en su lugar un marco integral de acción estatal que garantice la protección efectiva de la dignidad humana frente a las formas más graves de explotación y violencia estructural.
El legislador explicó que esta iniciativa surge tras un proceso de análisis y mejora de propuestas anteriores, incluyendo un proyecto inspirado en el caso Furukawa, el cual —si bien tenía un espíritu positivo— presentaba importantes falencias técnicas. En ese contexto, señaló que la actual propuesta responde a la necesidad de contar con una normativa sólida, clara y aplicable.
Ordóñez destacó que este proyecto ha sido construido con responsabilidad y compromiso, pensando especialmente en las personas en situación de movilidad humana, víctimas de trata o tráfico ilícito de migrantes. “Nuestra obligación es proteger al migrante ecuatoriano, incluso en un contexto internacional complejo donde no tenemos injerencia directa, pero sí el deber de garantizar sus derechos”, afirmó.
El proyecto contempla mecanismos de registro, organización institucional y asignación clara de responsabilidades, con el fin de evitar vacíos normativos, duplicidad de funciones y la repetición de casos de vulneración de derechos. Además, fortalece la coordinación interinstitucional y la capacidad del Estado para prevenir, atender y sancionar estos delitos.
La propuesta normativa consta de 43 artículos, cuatro disposiciones transitorias, una disposición reformatoria y una disposición final establece la protección integral, la reparación efectiva y la restitución de derechos de las víctimas, mediante una actuación obligatoria, coordinada y responsable del Estado.
RSA