Ha transcurrido una década desde aquella fatídica madrugada del 2 de marzo de 2016, cuando las detonaciones de armas de fuego en la localidad de La Esperanza, en Intibucá, terminaron con la vida de una de las figuras más emblemáticas del activismo ambiental. El asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores no fue solo un ataque individual, sino un intento deliberado por desmantelar uno de los movimientos sociales con mayor fuerza en América Latina.
Hoy, al cumplirse diez años de este suceso, el proceso judicial se mantiene como un referente de la tenacidad de la justicia popular frente a los entramados del poder militar y corporativo. Berta Cáceres no fue elegida al azar para este crimen; su liderazgo como cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y su reconocimiento con el prestigioso Premio Goldman en 2015 la situaban como el mayor obstáculo para la ejecución del proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”.
Dicha infraestructura, gestionada por la compañía Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) sobre el río Gualcarque, era percibida por el pueblo Lenca como una profanación directa a sus tierras ancestrales y un riesgo inminente para su modo de vida y subsistencia.
La revelación del chat “Seguridad PHAZ”
Aunque en las etapas iniciales de la investigación las autoridades hondureñas pretendieron desviar la atención calificando el hecho como un robo o un “crimen pasional”, las pruebas digitales terminaron por confirmar que se trató de una operación de inteligencia militar rigurosamente orquestada. El hallazgo determinante fue la existencia de un grupo de mensajería en WhatsApp bajo el nombre de “Seguridad PHAZ”.
En esta plataforma de comunicación, altos directivos de la empresa DESA, antiguos integrantes del ejército y expertos en seguridad privada compartían datos de inteligencia en tiempo real para monitorear cada paso de la activista. Se comprobó que el “plan de ataque” no fue un acto fortuito, sino una “estrategia de desgaste” prolongada que abarcó desde hostigamiento en tribunales y amenazas de muerte, hasta la contratación final de un grupo de sicarios.
Sentencias y el papel de la autoría intelectual
El camino hacia la justicia ha registrado avances significativos. En el año 2019, los tribunales de Honduras dictaminaron penas de entre 30 y 50 años para siete responsables materiales, destacando entre ellos exmilitares como el mayor Mariano Díaz Chávez y el teniente Douglas Bustillo. Estas condenas representaron un hito en una nación donde el índice de impunidad suele superar el 90%.
No obstante, el giro más relevante ocurrió en 2022 con la sentencia contra Roberto David Castillo, quien se desempeñaba como presidente de DESA y poseía formación como oficial de inteligencia militar. La justicia lo definió como el “eslabón clave”, encargado de utilizar sus conocimientos tácticos para organizar el espionaje y gestionar los recursos financieros destinados al asesinato. Su condena a 22 años y 6 meses de prisión fue ratificada recientemente, siendo la primera vez que la responsabilidad intelectual de un crimen de este tipo alcanza a los niveles directivos de una corporación.
2026: La demanda por una “justicia completa”
Al alcanzar este décimo aniversario en 2026, el reclamo por una “justicia completa” sigue resonando con fuerza. Actualmente, la mirada de los observadores internacionales y de la sociedad hondureña se dirige hacia la estructura de financiamiento y la cúpula encargada de la toma de decisiones finales.
Nuevos reportes presentados a inicios de este año por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) han revelado indicios que vinculan a integrantes de la poderosa familia Atala Zablah con la organización del operativo criminal. En particular, Daniel Atala Midence, quien fuera gerente financiero de la firma, se encuentra prófugo y bajo una orden de captura internacional.
Para las hijas de Berta y el COPINH, la condena de los sicarios y del enlace militar es solo la superficie; la impunidad persiste mientras quienes financiaron el operativo no se sienten en el banquillo de los acusados.
En la actualidad, el río Gualcarque continúa su curso sin la presencia de la represa que Berta Cáceres logró detener. Mientras el proceso legal sigue su marcha y se busca dar con los autores intelectuales que aún permanecen impunes, el legado de “La Guardiana de los Ríos” se hace presente en las nuevas generaciones. Este 21 de marzo de 2026, miles de ciudadanos recorren las avenidas de Tegucigalpa para recordar que la justicia debe dejar de ser un privilegio de las élites para transformarse en un derecho inalienable de las comunidades.
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