El magistrado Juan Carlos Peinado ha ratificado su intención de trasladar el procedimiento judicial contra Begoña Gómez, cónyuge del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, hacia un tribunal con jurado popular en caso de que la causa avance a la fase de juicio oral. Para dar continuidad a este proceso, el juez instructor ha citado a los investigados, a la Fiscalía y a las diversas acusaciones para una comparecencia programada el próximo 1 de abril.
A través de un auto judicial que consta de 47 páginas, el juez, quien lidera las indagaciones contra Gómez por presuntas infracciones de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación, ha determinado además unificar la investigación de los hechos en una pieza separada. Esta nueva derivación se centra en un
«hipotético delito de malversación de caudales públicos»
presuntamente cometido por Begoña Gómez y su colaboradora en el Palacio de la Moncloa, Cristina Álvarez.
Esta postura del juez Peinado surge tras el bloqueo impuesto el pasado mes de febrero por la Audiencia Provincial de Madrid. En aquella instancia, el tribunal superior detuvo la iniciativa del instructor de encaminar el caso hacia un jurado popular, tras admitir un recurso presentado por la defensa de la esposa de Sánchez. En dicha resolución, los magistrados argumentaron que, para ese entonces,
«no había indicios racionales de criminalidad»
que sustentaran tal determinación procesal.
No obstante, el magistrado Peinado sostiene en su escrito actual que, tras el avance de las diligencias,
«se ha podido comprobar hasta el presente momento de la investigación la concurrencia de indicios de los elementos de los delitos que son competencia del tribunal del jurado»
.
Uso de la proximidad al poder ejecutivo
En el documento legal, el juez esgrime que la investigada Begoña Gómez
«habría venido aprovechando su proximidad al presidente del Gobierno»
con el fin de
«impulsar su proyección profesional»
dentro de la Universidad Complutense de Madrid. Según el auto, esta posición le habría permitido lograr una
«interlocución singular con responsables»
de la institución académica, así como con
«empresas patrocinadoras»
y diversos
«entidades del sector tecnológico»
.
Peinado subraya que el estatus de pareja de Pedro Sánchez tiene la capacidad de
«influye en la conducta de cualquier ciudadano»
debido al
«poder que su esposo tiene para determinar la toma de decisiones»
institucionales.
La gestión de la cátedra universitaria
El magistrado también pone el foco en la actividad académica de Gómez, señalando que la investigada buscaba
«apoyo, financiación, colaboración y respaldo institucional y empresarial»
con el objetivo de lograr
«la creación, desarrollo y expansión»
de una cátedra en la universidad, de la cual, según sospecha el juez, se habría apropiado de forma indebida. Sobre este punto, el auto especifica:
«Se pide y consigue que se cree específicamente, para su dirección, una cátedra extraordinaria, y al amparo de esta situación de capacidad de decisión de su esposo, contrata a su amiga e investigada, Cristina Álvarez, a la que utiliza no sólo para cuestiones protocolarias o institucionales, sino para sus actividades privadas»
Adicionalmente, el juez destaca que Cristina Álvarez
«era percibida por terceros no como una asistente protocolaria»
de Gómez, sino como una
«persona integrada en el equipo de trabajo de la cátedra»
y en las gestiones relativas al desarrollo de una herramienta de software.
Aunque Peinado aclara que el propósito del auto no es
«anticipar un hipotético auto de apertura de juicio oral o sobreseimiento»
sino
«verificar la verosimilitud»
de los presuntos ilícitos, insinúa que Gómez pudo haber redactado misivas
«sugiriendo, directa o indirectamente, la adjudicación de concursos públicos»
. Estas acciones habrían tenido como fin
«beneficiar»
supuestamente a Juan Carlos Barrabés, el empresario que figura como el tercer investigado principal de la trama.
Contrataciones y falta de habilitación técnica
La investigación judicial afirma haber detectado una
«integración funcional»
de Barrabés dentro del esquema académico de la cátedra, mientras que, de forma paralela,
«sociedades de su grupo resultaban beneficiadas por adjudicaciones públicas avaladas o apoyadas por Begoña Gómez»
. El juez también hace mención a la
«captación de financiación y ventajas de empresas con intereses o vínculos con el sector público»
, un conjunto de hechos que, bajo su criterio,
«presenta rasgos susceptibles de integración»
en delitos de corrupción y tráfico de influencias.
Otro punto crítico señalado por el instructor es la rúbrica de Gómez en
«documentos técnicos y pliegos vinculados»
a procesos de contratación y al propio software de la cátedra,
«pese a carecer de habilitación técnica o administrativa para ello»
. Esta conducta, según el juez, posee
«rasgos susceptibles»
de ser calificados como apropiación indebida e intrusismo.
El punto de inflexión de 2018
Para el juez Peinado, resulta
«verdaderamente trascendental»
el momento en que Pedro Sánchez asumió el mando del Ejecutivo en el año 2018. Indica que es necesario considerar este hito
«para colegir»
el posible tráfico de influencias, ya que a partir de ese instante se
«produjo un cambio inmediato y significativo en la trayectoria profesional»
de la investigada.
Hasta ese año, Begoña Gómez había estado
«vinculada al ámbito laboral privado del márketing y la consultoría»
en una compañía específica,
«de la que solicitó una excedencia»
coincidentemente en 2018. El magistrado argumenta que, tras la llegada de Sánchez al poder,
«se produce un cambio radical»
en sus actividades:
«Apenas dos meses después de abandonar la entidad mercantil»
en la que laboraba, fue designada directora del IE Africa Center, iniciando relaciones con la Organización Mundial del Turismo y la entidad Wakalua SL, donde habría coincidido con Barrabés.
Finalmente, el auto resalta las declaraciones de Juan Carlos Barrabés, quien admitió haber
«acudido a la Moncloa alguna vez a verla»
tras ser invitado para discutir el máster de Gómez o temas empresariales vinculados a Sánchez. Para el juez Peinado, estos testimonios
«sitúa los primeros contactos profesionales entre ambos en el ámbito mismo de la residencia oficial del presidente del Gobierno»
.
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