En una postura institucional conjunta, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Defensoría del Pueblo de Colombia han manifestado su rotundo desacuerdo frente a las limitaciones operativas impuestas por el Estado Mayor Central (EMC). Esta agrupación, reconocida como la principal disidencia de las antiguas FARC, ha anunciado restricciones para el cumplimiento de labores humanitarias y de monitoreo en las regiones donde mantienen control o influencia territorial.
La coordinadora residente y humanitaria de la ONU en Colombia, Mireia Villar, comunicó su «profunda preocupación y rechazo» ante las recientes advertencias sobre posibles bloqueos al acceso de entidades clave. Según un comunicado oficial, estas medidas se dirigen contra la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA) y la propia Defensoría del Pueblo.
«Estas restricciones afectan el trabajo de acompañamiento, monitoreo y protección que estas instituciones desarrollan en favor de la población civil, y limitan la capacidad de mejorar las condiciones de vida de las comunidades más vulnerables y de brindar asistencia esencial de manera oportuna»
Villar subrayó que las agencias humanitarias operan bajo los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia. Afirmó que el respeto irrestricto a estas bases es crucial para evitar malentendidos que deriven en obstáculos al acceso, lo cual incrementa el peligro para los habitantes de las zonas de conflicto y el personal técnico en el terreno.
La representante de la ONU defendió que la acción humanitaria tiene como fin exclusivo atender las urgencias de las comunidades, promoviendo su seguridad. Por ello, instó a los actores armados a respetar el espacio humanitario y asegurar un tránsito seguro y sin condiciones para las instituciones que trabajan en beneficio de la población civil.
Paralelamente, la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, bajo la dirección de Scott Campbell, alertó sobre los riesgos de estas medidas. Campbell argumentó que las organizaciones afectadas son piezas clave en la prevención de abusos, por lo que obstaculizar su labor constituye un ataque directo a los derechos de los ciudadanos.
«Reiteramos nuestra exhortación a todo grupo armado no estatal a respetar las obligaciones derivadas del Derecho Internacional Humanitario, lo que incluye la obligación de respetar la vida, la libertad y la libre circulación de la población en general, incluyendo de todos los funcionarios civiles del Estado y toda persona que integre organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en zonas de conflicto»
El organismo también resaltó que es fundamental asegurar que las víctimas tengan acceso a la justicia ante cualquier sospecha de vulneración de los Derechos Humanos ocurrida en el contexto de las hostilidades armadas.
La OEA desmiente acusaciones de parcialidad
A las voces de protesta se sumó la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA. Mediante un comunicado oficial, la misión rechazó los intentos de limitar su despliegue regional y desmintió las acusaciones sobre una supuesta falta de neutralidad o la filtración de datos para beneficiar operativos militares.
La MAPP/OEA recordó que acumula 22 años de trabajo ininterrumpido junto a víctimas y comunidades en los territorios más golpeados por la violencia. Resaltaron que su labor se ha desarrollado sin impedimentos históricos gracias a la confianza que la sociedad civil ha depositado en su función institucional.
El organismo advirtió que estas restricciones, además de ser contrarias al Derecho Internacional Humanitario (DIH), perjudican severamente a las poblaciones de zonas remotas. Para estos grupos, la presencia internacional es una garantía esencial de protección. En consecuencia, la OEA exigió respeto al marco normativo internacional y el cese de interferencias en sus tareas.
Vulnerabilidad de la población civil según la Defensoría
Por su parte, la Defensoría del Pueblo de Colombia lamentó la decisión de las disidencias, asegurando que este paso debilita la defensa de los derechos ciudadanos y profundiza el estado de indefensión de las comunidades. Según la entidad, limitar la labor humanitaria impide la detección de riesgos y corta el apoyo al que tienen derecho las víctimas.
«Impedir o condicionar la presencia de organismos humanitarios imposibilita el monitoreo sobre riesgos para la población civil, deja a las comunidades sin el acompañamiento al que tienen derecho, limita el acceso a la atención humanitaria y coarta las labores para aliviar su sufrimiento»
La Defensoría expresó preocupación por lo que considera un intento de deslegitimar a su personal, que realiza labores técnicas incluso en entornos hostiles. Subrayaron que restringir sus funciones constitucionales termina siendo un castigo para las propias comunidades. Finalmente, reafirmaron que sus acciones son autónomas y orientadas a la paz con estricto respeto a la dignidad humana.
Causas del anuncio del Estado Mayor Central
La tensión escaló luego de que el Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP emitiera un pronunciamiento declarando como «restringido» el ingreso de estas misiones a sus territorios de operación. La medida fue impulsada por la facción dirigida por Néstor Gregorio Vera, alias ‘Iván Mordisco’.
El EMC justificó la restricción alegando supuestas violaciones a la neutralidad. Según el grupo disidente, algunas labores de verificación habrían sido utilizadas para recolectar inteligencia que posteriormente facilitó ataques militares estatales contra sus estructuras.
Finalmente, el grupo armado cuestionó la veracidad de las alertas tempranas de la Defensoría y anunció que solo mantendrán diálogos y coordinaciones con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), bajo exigencias de estricta confidencialidad y secreto.
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