La Comisión del Derecho a la Salud, reunida en Cuenca, en el marco del proceso de fiscalización a las instituciones de la Red Pública Integral de Salud, recibió a la directora del Seguro Social Campesino del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Giovanna Paola Ubidia Burbano.
Durante su intervención, expuso la situación actual de la institución, destacando avances en el abastecimiento de medicamentos, la ampliación de cobertura, el fortalecimiento operativo y el reconocimiento de derechos para sus afiliados.
El Seguro Social Campesino, con 57 años de trayectoria, atiende a aproximadamente 1,9 millones de beneficiarios, a través de 659 dispensarios a nivel nacional. Cuenta con más de 427.000 jefes de hogar afiliados, 144.000 jubilados y trabaja de manera articulada con cerca de 3.500 organizaciones sociales.
En cuanto al acceso a medicamentos, la directora informó una mejora significativa en el abastecimiento: pasó del 28 % en agosto de 2025 al 75 % en marzo de 2026. De igual manera, el suministro de dispositivos médicos se incrementó del 25 % al 65 % en el mismo período.
Uno de los principales hitos señalados fue la implementación efectiva del derecho al montepío -prestación por viudez y orfandad- que, pese a existir desde la creación del sistema, no se había aplicado. Actualmente, cerca de 5.000 beneficiarios reciben pensiones mensuales, con una inversión acumulada aproximada de 3,37 millones de dólares.
Asimismo, se destacó la reactivación del pago del bono geográfico al personal de salud, suspendido durante siete años, lo que beneficia a profesionales que laboran en zonas rurales de difícil acceso. También informó sobre la intervención y mantenimiento integral de 197 dispensarios en 21 provincias, con el objetivo de mejorar la calidad y las condiciones de atención.
Como parte de un enfoque integral, se implementaron bioferias campesinas para fortalecer la economía rural, generando espacios directos de comercialización para más de 1.000 emprendedores y alcanzando a más de 20.000 asistentes en 154 ferias realizadas a nivel nacional.
En la sesión, los miembros de la Comisión solicitaron información adicional para fortalecer la trazabilidad de los procesos, particularmente sobre el historial del pago del bono geográfico, el montepío y los detalles de las intervenciones en infraestructura y capacidad operativa de los dispensarios.
La mesa ratificó su compromiso de continuar con el proceso de fiscalización, orientado a garantizar mejoras sostenibles en el sistema público de salud y en la atención a la población rural del país.
RSA